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@arpassv
En diversos países del mundo se realizaron ayer acciones de demanda pública de justicia por el asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres. La “defensora de los ríos” y de los derechos del pueblo lenca fue asesinada hace una año, y la justicia ha sido corta procesando únicamente a autores materiales de este crimen que generó consternación mundial.
Los denunciantes señalan que las acciones judiciales no han llegado hasta los más altos personeros estatales y empresariales responsables de la autoría intelectual que siguen impunes.
Según Amnistía Internacional y Human Rights Watch, Honduras es de los países más peligrosos del mundo para defensores/as del medioambiente y donde más se criminaliza a activistas de derechos humanos. De hecho, la semana pasada el congreso hondureño aprobó reformas penales que consideran acto terrorista cualquier acción de protesta que afecte el orden púbico.
Por eso los manifestantes también exigieron ayer que cese la represión, amenazas, difamación, persecución y asesinato contra los activistas sociales en el vecino país.
En Salvador, varias organizaciones feministas, ecologistas y derechos humanos se manifestaron frente a la Embajada de Honduras. En la carta entregada a dicha sede diplomática, exigen “justicia para Berta” y respeto a la integridad de las y los defensores de derechos humanos en el país hermano.
También en El Salvador hay crímenes contra ambientalistas que permanecen impunes. En junio y diciembre de 2009 fueron cruelmente asesinados Marcelo Rivera, Dora Sorto y Ramiro Rivera, en el departamento de Cabañas, en el marco de la resistencia de las comunidades de la zona contra los nocivos proyectos mineros de la transnacional Pacific Rim/Oceana.
Por el asesinato de Marcelo Rivera fueron condenados autores materiales, pero los otros dos quedaron totalmente impunes. Hace poco fue procesado por otros delitos el ex vicepresidente de Pacific Rim, Rodrigo Chávez; pero Fiscalía no quiso investigarlo como posible autor intelectual del asesinato de los ambientalistas
Y un caso actual de persecución y represalias contra activistas sociales sucede en el municipio de Tacuba. Varios líderes comunitarios que defienden la autonomía de un proyecto comunal de agua potable han sido demandados injusta e ilegalmente por el alcalde arenero Joel Ramírez.
La próxima semana, estos defensores del derecho al agua enfrentarán audiencia en un tribunal de Ahuachapán. Ojalá todas las organizaciones sociales, sectores democráticos y población honrada se pronuncien contra esta vejación que cometen Fiscalía y Sistema Judicial: es necesaria una manifestación contundente contra la criminalización de la defensa de los bienes comunes.
