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@arpassv
Ayer se celebró el “Día Internacional contra la Corrupción”, sale conmemoración que destaca por algunos elementos contextuales positivos y negativos válidos de destacar.
Como aspecto positivo destaca el significativo avance en materia de acceso a la información pública. Según datos de la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia, buy cialis entre mayo de 2012 y noviembre de 2014 el Ejecutivo ha atendido 25,156 solicitudes con 46,947 requerimientos de información presentadas por la ciudadanía.
Del total de solicitudes el 90% se resolvió completamente, un 1.64% fue respondido parcialmente, el 0.96% no se entregó por ser información confidencial o reservada y un 4.22% se declaró inexistente. Acción relevante ha sido también la creación del portal “Gobierno Abierto” que contiene diversas herramientas de acceso a la información pública y permite denunciar posibles casos de corrupción.
Y como aspectos negativos destacan varios. Uno es la intransparencia de los medios de comunicación que manipulan información y tergiversan hechos, como La Prensa Gráfica y demás medios de derecha con sus publicaciones sobre la supuesta “venta irregular” de terrenos del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) a una empresa de la que es accionista el presidente legislativo Sigfrido Reyes.
Negativa es también la hipocresía y doble moral de organizaciones como FUSADES y FUNDE, que se rasgan las vestiduras hablando de transparencia pero callan ante casos de corrupción como los del ex presidente Francisco Flores o el fraude CEL-Enel. En vez de presionar a la Fiscalía y al Sistema Judicial para que sienten un buen precedente con el ex gobernante arenero, estas organizaciones se suman a la campaña político-mediática sobre el “Caso IPSFA-Sigfrido Reyes”.
Y hablando del “Caso Flores”, la Fiscalía y el Sistema Judicial, es necesario reiterar como aspecto negativo la negligencia del Fiscal Luis Martínez y del Juez Levis Italmir Orellana que favorecen al ex presidente procesado por peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia. El Juez lo beneficia con arresto domiciliar y el Fiscal se niega a acusarlo por el delito de lavado de dinero, con lo cual estaría facilitando su absolución.
Lo único que ha evitado que el “Caso Flores” se caiga es la acción de FESPAD, ISD y otras organizaciones ciudadanas que presionaron para que el Fiscal judicializara el caso, lograron que la Sala Constitucional revirtiera la reserva total que decretó el Juez y participan como querellantes particulares. La denuncia pública de las organizaciones populares ha evitado que la derecha mediática saque el “Caso Flores” de la agenda nacional.
