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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Claudia Liduvina Escobar Campos presentó una demanda de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por la suspensión de su cargo como comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), ordenada por el presidente de la República, Nayib Bukele.
Todo inició el 16 de este mes, cuando la abogada Yeni Carolina Reyes Montenegro interpuso una solicitud a la Presidencia de la República para que se removiera del cargo a la comisionada propietaria Claudia Liduvina Escobar Campos, del IAIP, por supuestamente haber cometido actos que afectaban al funcionamiento del Instituto en cuestión, así como el incumplimiento de sus funciones, solicitud que fue válida para Bukele, ya que días después, ordenó la remoción de Escobar Campos. Acto que se materializó el viernes 23 de este mes.
Contreras, a través del gerente jurídico del Instituto le notificaron la suspensión de su cargo por horas de la mañana, a lo que ella les respondió que iba a tomar acciones legales y es por tal razón dicha demanda.
Su representante legal, la abogada Bertha María de León, agregó que el amparo es también por abrirle una investigación y de negarle acceso a los archivos del IAIP, “pensamos y estamos convencidos que es una decisión totalmente arbitraria, y que está violentando el derecho a la estabilidad en el cargo, previsto en el artículo 219, inciso segundo, de la Constitución de la República y el derecho a la protección jurisdiccional”.
De León comentó: “No se ha seguido el proceso establecido y ha sido una maniobra parte de una estrategia de atentar contra el derecho a la información”, comentó.
Bertha de León añadió que pedirán a la Sala de lo Constitucional que deje sin efecto la suspensión en el cargo de la comisionada Escobar Campos quien está nombrada hasta 2025.
Ante ello, diversas organizaciones solidarias de Estados Unidos, en relación al amparo presentado ante la CSJ por la excomisionada del IAIP, denunciaron que se trata de una persecución política.
Al respecto, la directora del Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES) expresó: “La destitución injustificada de Escobar señala un grave retroceso en temas de transparencia gubernamental y envía un claro mensaje de que aquellas personas que se atrevan hacer contraloría a la administración Bukele serán víctimas de persecución, calumnias y exposición mediática”.
Las organizaciones hicieron un llamado a que las instancias correspondientes realicen una investigación con independencia y deduzcan responsables por “esta remoción que claramente tiene tintes de persecución política”, agregó la directora de CISPES.
Las organizaciones sociales manifestaron que Escobar fue electa como comisionada del IAIP en el año 2019 a través de un “proceso democrático, participativo y transparente”, cargo que al juicio de las organizaciones fue fiel a los principios de igualdad de género, de derechos laborales y de justicia.
Por tanto, exigieron que toda esta situación se calme, ya que esto genera implicaciones graves en materia de transparencia, derechos humanos e intolerancia de la administración actual.
