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@AlmaCoLatino
Los miembros del Consejo Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (CNODT) se reunieron para discutir las reformas a la Ley de Ordenamiento Territorial, con el objetivo de que este año se pueda tener una ley viable que permita iniciar el proceso de ordenamiento del territorio salvadoreño, y contar con políticas nacionales ideales.
“Estamos definiendo metodologías de discusión, cómo se trabajará con los gobiernos locales y asambleas ciudadanas, de tal manera que esta ley pueda tener el mayor consenso, será una ley que va a provocar una serie de transformaciones en el país”, sostuvo Arístides Valencia presidente del CNODT.
Entre dichas transformaciones está el uso del territorio, la protección de los recursos naturales, los procesos de desarrollo económico, los cuales tienen aspectos que todos los actores se deben poner de acuerdo para asegurar el crecimiento y desarrollo del país y que sea sostenible, y no se vaya a provocar e incrementar los problemas de vulnerabilidad que ya existen.
Según Valencia, esto se refiere a la manera en que el suelo o territorio va a dedicarse a actividades específicas donde se tienen ventajas con respecto a actividades agrícolas, manufactureras, turísticas y cuáles son los recursos a proteger para que estas actividades sean sostenibles, es decir, cómo garantizar que durante todo este proceso de crecimiento de El Salvador se siga contando con los recursos de agua, bosques, vida silvestre, sin causar desequilibrio que pueda poner en vulnerabilidad el proceso.
Para la alcaldesa de Las Vueltas, Chalatenango, Rosa Cándida Alas, en esta ley hay que ver la responsabilidad de las comunidades, y de los alcaldes que trabajen para proteger los recursos que por ahora se tienen, todo lo relacionado con desarrollo del país, “debe trabajarse más ordenado, el objetivo es trabajar las alcaldías con el Gobierno de manera ordenada y consolidada para llevar un desarrollo más integral del país”, recalcó.
La ley está relacionada con el ordenamiento y desarrollo territorial, establece las disposiciones que regirán los procesos de ordenamiento y desarrollo territorial; enumerar los principios rectores de la administración pública y municipal; organizar la institucionalidad que implementará la Ley y sus funciones; regular los instrumentos de planificación, programación, evaluación y de gestión territorial; así como, el régimen sancionatorio aplicable a la violación de sus disposiciones.
Dicha ley tiene por finalidad, fortalecer la capacidad institucional del Estado para ordenar el uso del territorio y orientar las
inversiones públicas y privadas necesarias para alcanzar el desarrollo sostenible, así como normar, un espacio intermedio de coordinación entre los niveles de Gobierno nacional y local.
