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Redacción Nacionales
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Integrantes de la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños (CNTS) se concentraron la mañana de este jueves frente al Ministerio de Trabajo para pedirle al titular de dicha cartera que realice una inspección en la Asamblea Legislativa por los despidos masivos que el Sindicato de Trabajadores de esa entidad gubernamental ha denunciado desde el primero de mayo hasta la fecha, puesto que aseguran que hasta la actualidad se han cesado a más de 1,700 personas.
Según comentó el secretario general de la CNTS, Roberto Gómez Arias, anteriormente habían mandando una nota al ministro Castro para que “medie” una mesa de diálogo, entre la administración de la Asamblea Legislativa y los empleados de esa institución para tratar el tema de la violación a la libertad sindical y el despido de directivos sindicales en la Asamblea, así como despedidos en general.
Roberto Gómez Arias afirmó que el motivo por el cual se presentaron al Ministerio de Trabajo este jueves, fue para presentar un escrito en el que solicitan una inspección para que constaten que las violaciones laborales se han dado, ya que un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) fue obligado a notificar a una trabajadora que era cesada de su cargo, cuando “eso nunca jamás se había vivido en este país”, resaltó.
Agregó que según el artículo 75 de la Ley del Servicio Civil le obliga al Ministerio de Trabajo, la intervención para que no se den dichas situaciones, “le corresponde al Ministerio del Trabajo actuar en ese sentido”, destacó.
Sin embargo, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, ha ignorado los constantes llamados que ha hecho el SITRAL respecto a los despidos, en su esencia porque responde a los mismos intereses del oficialismo.
La medida fue acompañada por el Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa (SITRAL), el principal denunciante de supuestos atropellos desde el primero de mayo que entró Nuevas Ideas hasta la fecha; en sus registros afirman que más de 1700 trabajadores han sido despedidos sin seguir el debido proceso.
Entre los despedidos, según el secretario general del SITRAL, Luis Ortega, se encuentran 6 miembros de su junta directiva sindical, que dicho sea de paso, “tienen fuero sindical, a un mismo nivel al que tienen los diputados y eso no lo respetan”, comentó Ortega.
Agregó que la Constitución de la República en el artículo 47 dice que los dirigentes sindicales tiene fueron sindical y por lo tanto, no se puede despedir. Pero además, Ortega mencionó que los convenios internacionales suscritos entre El Salvador y la Organización Internacional del Trabajo, también lo establecen.
Y, ultimadamente, el oficialismo ha “utilizado” a agentes de la PNC para “amedrentar” a los trabajadores cesados. Por ello, este mismo jueves presentaron una denuncia ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
Ortega agregó que en la PDDH interpusieron una denuncia sobre la violación a los derechos humanos, para que sea esa entidad también que vele por los derechos de las personas trabajadoras dentro de la Asamblea Legislativa.
El SITRAL también interpuesto días atrás una denuncia en la Fiscalía General de la República por las acciones de agresiones de la PNC y seguridad institucional en contra de las directivas sindicales cuando intentaban entrar al recinto legislativo.
“Lo que sucedió el 15 de septiembre es una muestra de lo que se va a venir en el futuro”
En simultáneo, diferentes organizaciones aglutinadas en el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, se concentraron en las afueras del Centro Cívico Legislativo, de la Asamblea Legislativa, para brindar una conferencia de prensa en la que resaltaron que la marcha del 15 de septiembre “fue un éxito” y también para solidarizarse con los despidos de la Asamblea Legislativa y alcaldías gobernadas por Nuevas Ideas. De igual forma instaron a las entidades estatales a que cesen con esta medida.
En este tema, Bukele afirmó que la manifestación del 15 de septiembre fue financiada por la comunidad internacional; sin embargo, el Bloque dijo que Bukele “está siendo infame con esas declaraciones, desmeritando la lucha del pueblo”, comentó Maricela Ramírez.
También, el mandatario salvadoreño criticó y acusó a la marcha del 15 de septiembre de generar daños a la propiedad privada, que según se conoció, eran supuestos “infiltrados” del gobierno para desacreditar la marcha. “Nosotros en ningún momento permitimos que nuestra base vaya a destruir la propiedad privada. Sin embargo, simplemente ha habido de parte de este gobierno infiltración para querer culpar algunas personas que iban en la marcha”, destacó Sonia Urrutia, del Bloque.
“Lo que sucedió el 15 de septiembre es una muestra de lo que se va a venir en el futuro”, destacó Urrutia, puesto que varios sectores rechazan la Ley Bitcoin así como la reelección presidencial y las reformas a la Constitución. El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular siguen exigiendo la derogatoria de la Ley Bitcóin y las otras acciones antes mencionadas.
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