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@AlmaCoLatino
Hace 31 años un grupo de 237 trabajadores fueron despedidos de la Administración Nacional de Acueducto y Alcantarillado (ANDA), estrictamente por motivos políticos, ya que pertenecían al Sindicato de Empleados y Trabajadores de la institución, por lo que se les violaron las leyes de la República, pues, además, no les brindaron las prestaciones adecuadas.
Posterior al despido, estos extrabajadores de la autónoma se organizaron y conformaron el Comité de despedidos de Anda 1985 (Codeanda), con el objetivo de luchar por sus derechos laborales, pues fueron “lanzados a la calle” sin ninguna prestación de ley por el gobierno de esa época, administrado por la Democracia Cristiana.
Arturo Hernández, representante de Codeanda, en 1985 a ninguno se le despidió por falta laboral o ser malos trabajadores. El entonces presidente de ANDA, José Ricardo Perdomo, argumentó que el despido era por las luchas políticas y no laborales, y por ello confabuló con el Ministerio de
Trabajo, aseguró Hernández.
La patronal utilizó la política nacional de seguridad para no permitirles el ingreso a las instalaciones de la institución y negarles con ello el derecho al trabajo.
Hernández señaló que al grupo de trabajadores en ese momento se les violentaron las Leyes de las República, ya que apoyado por las instituciones represivas, como la Policía Nacional, y algunos jueces laborales, el presidente de ANDA de ese entonces y otros
funcionarios atentaron contra el estado de derecho al decidir despedir a 237 empleados, miembros del sindicato, incluyendo su junta directiva.
Codeanda luchó por hacer cumplir sus derechos, por eso a partir de 2009 se logró reinstalar en ANDA a algunos de los despedidos, quienes fueron contratados como nuevos, por lo que perdieron las cotizaciones y otras
prestaciones sociales, por lo cual ahora piden al Gobierno la reparación por daños y perjuicios al ser despedidos de forma arbitraria.
“Solicitamos se nos de la nivelación salarial y se reconozca el tiempo que antes trabajamos, y se nos repare por daños y perjuicios, ya que nuestro derecho al trabajo fue violentado, pese a que fue reconocido por la Comisión de Trabajo de la Asamblea Legislativa, que emitió en 1986 un recomendable al entonces presidente de ANDA para que fuéramos reincorporados al trabajo, algo que fue ignorado”, afirmó Hernández.
Oscar Villalobos, representante de la comisión negociadora de Codeanda, dijo que a los 237 trabajadores se les violó el derecho a la vida, ya que algunos de los compañeros fueron capturados y posteriormente asesinados por los cuerpos de seguridad. Otros fueron asesinados en sus lugares de su residencia por escuadrones de la
muerte. También se le violó el derecho a la libertad de prensa, pues, a través de una esquela el presidente de ANDA pidió a los medios escritos negarles el derecho a publicar cualquier denuncia o noticia
que procediera de parte de ellos.
Villalobos reiteró que en ese momento a los compañeros despedidos se les violentó el derecho a la libre sindicalización, al despedir selectivamente a los miembros del sindicato y de la junta directiva.
Asimismo, añadió, se les violó el derecho al trabajo. El presidente de ANDA de
ese entonces envió nota a los jefes de seguridad de los centros de trabajo de la institución con los nombres de cada uno de los que a su criterio formaban parte del FMLN, y que no deberían entrar a las instalaciones para ejercer sus labores, enviando a su vez notas a las diferentes instituciones públicas y privadas para que no se les toma en cuenta y no poder aplicar a ningún puesto de trabajo, quedando así marginados de toda oportunidad de empleo.
Las principales peticiones de Codeanda es la nivelación salarial para los reinstalados, de acuerdo al tiempo transcurrido, como si hubiesen
estado laborando, y la actualización de cuotas a las instituciones de servicio como el Instituto del Seguro Social (ISSS), Fondo Social para la Vivienda (FSV), INPEP.
