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Gabriela Sandoval
@Garbriela_Sxndo
El Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES) llevó a cabo una concentración en el Redondel José Martí, San Salvador, para dar a conocer los rostros y la situación que viven los presos políticos en El Salvador. De acuerdo con COFAPPES, estas actividades son una manera de informar a los salvadoreños sobre las capturas arbitrarias que el Estado ha cometido por “odio político”.
COFAPPES señaló que fue una de las organizaciones que inició acciones ante las capturas individuales y motivadas por “odio político”. Durante los últimos meses, realizaron diferentes gestiones en España y en juntas de derechos humanos, donde se pedía el respeto a los derechos humanos y la libertad de los presos políticos.
COFAPPES informó que recibieron apoyo de más de 90 organizaciones provenientes de Washington, Estados Unidos, que enviaron una carta a la Corte Suprema de Justicia, a la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos y al fiscal general de la República en la que solicitan el cumplimiento de las leyes del país.
La organización pro derechos humanos también realizó gestiones en Costa Rica.
Además, los informes de COFAPPES fueron trasladados al cuerpo diplomático, lo que resultó en un conocimiento internacional sobre el tema. “Es lamentable que tengamos que acudir a este tipo de acciones y que en El Salvador no se respete el debido proceso. Tenemos personas con orden para ir a citas médicas y estas no se están cumpliendo, lo que viola su derecho a la salud y pone en riesgo su vida”, señaló Ivania Cruz, vocera de COFAPPES.
Cruz comentó que algunos de los presos políticos que cuentan con carta de libertad son Mauricio Ramírez Landaverde y Ramón Roque, quienes llevan siete meses con una carta de libertad sin que el centro penal de Mariona cumpla con su liberación. En el caso Monarca, tres personas con medidas están en proceso de apelación, ellos son: Francisco Hirezi, Dennis Córdoba y Jaime Valdez, quienes se encuentran en el centro penal de rehabilitación de Santa Ana y hasta la fecha tienen más de ocho meses con carta de libertad.
Según COFAPPES, hasta el momento han presentado un aviso penal y denuncias en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, así como todos los mecanismos legales posibles, debido a que estas personas han estado dos años en prisión y, a pesar de tener medidas, estas no se estaban cumpliendo. Por lo tanto, estaban optando por mecanismos internacionales debido a la falta de acción por parte de las autoridades estatales en El Salvador.
“En el caso de Mauricio Ramírez Landaverde, posterior a la carta de libertad, ya debería haber sido atendido. El Tribunal Quinto de Sentencia dio una orden para que fuera trasladado al Hospital Rosales, ya que es diabético y no estaban cumpliendo con su dieta alimenticia. Además, dentro del penal adquirió una hernia que necesita operación y no se estaba cumpliendo con su tratamiento”, enfatizó Cruz.
Finalmente, COFAPPES responsabilizó al Estado salvadoreño sobre el estado de salud de sus familiares detenidos. También exigió que los centros penales hagan cumplir las cartas de libertad y respeten los derechos humanos de cada una de las víctimas.
“En caso de que les llegue a pasar algo, y dado que hay dilatación del proceso, responsabilizamos al Estado. No es posible que se esté normalizando este tipo de situaciones”,
