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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
El Tribunal Primero de Sentencia de Zacatecoluca, condenó a 18 años de cárcel al exalcalde de Zacatecoluca, el médico Salvador Hirezi, por dos casos de negociaciones ilícitas y dos de cohecho impropio. Mientras, a Rafael Amílcar Aguilar Alvarado, exalcalde de San Rafael Obrajuelo, fue condenado a seis años de prisión por el delito de peculado. También fueron condenados otros 15 empleados municipales.
Horas antes la abogada Ivania Cruz, defensora en el “Caso Monarca”, e integrante de COFAPPES, denunció que el proceso penal llevado contra 19 exfuncionarios municipales del departamento de La Paz, estuvo marcado por anomalías y arbitrariedades durante el proceso de Vista Pública en el Tribunal Primero de Sentencia de Zacatecoluca, realizada entre el 24 abril al 23 mayo del presente año.
Cruz explicó que dicho proceso penal en contra de estas 19 personas ,- entre ellos- los exalcaldes de Zacatecoluca y San Rafael Obrajuelo, pudieron constatar un manejo irregular en cuanto a las normas jurídicas del país.
Al comentar que estas 19 personas fueron sometidos a la tortura psicológica: el incumplimiento para que fueran asesorados legalmente y que junto a sus abogados preparar sus estrategias de defensa y la detención arbitraria de sus defendidos pese a una decisión judicial anterior.
A esto, se sumó la “decisión repentina” del Tribunal de adelantar la audiencia”, cuando la habían programado para el mes de junio próximo.
“Como abogados defensores sabemos que de esta manera nos imposibilitaron a gestionar procesos abreviados para algunos procesados que tenían como estrategia esta defensa.
Asimismo, señalaron que el Tribunal violentó el derecho a la asesoría legal de sus abogados en el proceso penal.
“Quiero destacar que este Tribunal Primero de Sentencia fue quien el 20 febrero 2023, dictó las medidas sustitutivas de las únicas cinco personas que seguían en prisión: Y como COFAPPES y abogados del caso nos sorprendió el cambio de actitud repentina que tuvieron los jueces, al ordenar el resguardo de todos los procesados en las bartolinas, cuando no tenía fundamento jurídico esta medida”, alegó Cruz.
La abogada agregó que todas esas personas por “resolución judicial” tenían medidas sustitutivas a la detención. Las que no fueron cumplidas por lo que vino a generar desde el principio de la audiencia un ambiente de “miedo y tortura psicológica“ en todos los procesados.
“Ellos no habían sido condenados, pero fueron tratados como culpables desde el primer día de la audiencia, negociando penas mínimas para reducir penas máximas”, expresó.
“Situaciones que pudieron evitarse si los imputados hubieran tenido el tiempo suficiente para tramitar los procesos abreviados -que desde el primer día- todos los abogados defensores lo planteamos al Tribunal. Mientras, otros lo tenían esa solicitud en la Fiscalía General de la República, que el Tribunal falló a no lugar”, indicó la abogada.
Los abogados defensores agregaron que el proceso fue amañado al “obstaculizar la incorporación de abogados” para representar a los procesados, como el caso de Amílcar Pérez, a quien no le consultaron la exclusión de su abogada Ivania Cruz.
“En el Caso Monarca, todos los abogados defensores hemos visto que a lo largo del proceso (judicial) existe un -contenido político- y no jurídico o judicial, en todo su desarrollo. Hay un antecedente precisamente en la etapa de instrucción en donde se denunció a la jueza del Juzgado Primero de Instrucción por estas arbitrariedades y anomalías al debido proceso”, explicó Rudi Joya, abogado defensor.
Joya añadió que no sabían si ha existido para estos “jueces una presión política externa“ para precipitar el fallo, pero como abogados defensores y COFAPPES denunciaban este tipo de acciones que ponen en riesgo la transparencia y el apego a la ley en los procesos penales que se ventilan en estos momentos en el sistema judicial.
“Incluyendo a este Tribunal de Sentencia -que decidió- después de 25 días de Vista Pública, desarrollar un fallo en 3 días, en donde hay 19 procesados, en donde existe una gran cantidad de pruebas, incluso, la de descargo para nuestros defendidos, y tratan de resolverlo a la ligera en tres días, para dar ese fallo este día (ayer)”, resumió Joya.
COFAPPES había exigido que las resoluciones fuersen “conforme a derechos y pruebas verídicas que se valoren”.
COFAPPES dijo los jueces están intimidados- que si no resuelven a conveniencia del gobierno actual, es cambiado a otro cargo, tribunal o pierde el grado de juez en el sistema de justicia”, denunció Joya.
Debido a lo anterior pidieron a cada jueza y juez a no dejarse intimidar por presiones externas o políticas, que ejerzan su función en forma independiente como lo manda la Constitución de la República y los principios internacionales de Bangalore, que establecen la independencia como requisito previo del principio de legalidad y garantía fundamental de la existencia de un juicio justo.
