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Gabriela Sandoval
@GabrielaSandoval
El Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES) denunció que seis meses cumplieron de “secuestro” Mauricio Ramírez Landaverde y Ramón Roque, por parte del director general de Centros Penales, Osiris Luna, tras el incumplimiento de tres cartas de libertad otorgadas a los reos.
“Es este mismo sistema que ahora le responde en contra, no cumpliendo con sus derechos humanos, y no cumpliendo con sus garantías dentro del proceso”, denunció Ivania Cruz, vocera de COFAPPES.
Este 11 de junio se cumplieron seis meses desde el 11 de diciembre de 2023, día que el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador decretó poner en libertad al exministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, y al ex inspector general de Centros Penales, Ramón Roque, quienes fueron acusados en septiembre de 2021 de cometer “actos arbitrarios, peculado, falsedad material y cohecho impropio” a través de la Asociación Yo Cambio (ASOCAMBIO).
El 21 de diciembre de 2023, COFAPPES presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) un aviso penal por posible cometimiento de delitos por parte del director general de Centros Penales, Osiris Luna, y el director del penal La Esperanza, por no cumplir la orden de libertad emitida por autoridad competente.
El 5 de enero de este año (2024), COFAPPES exigió a Luna una respuesta ante la falta de cumplimiento de la orden judicial para poner en libertad a los exfuncionarios. Esta petición no obtuvo respuesta por parte de dicho funcionario.
El 22 de enero del mismo año, el Comité solicitó a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) que diera respuesta a un escrito presentado el 5 de octubre de 2021, y que se pronunciara en los casos de los exfuncionarios, “para que recomiende el cese de la detención ilegal, así como activar los mecanismos de protección de derechos humanos”.
Recientemente, el 28 de mayo, COFAPPES presentó al comisionado presidencial de derechos humanos, Andrés Guzmán, un escrito detallado de las resoluciones judiciales a favor de la libertad de los exfuncionarios, así como los incumplimientos gubernamentales para acatar las resoluciones judiciales, “los cuales vulneran los derechos humanos de ambos”.
“Se mantienen en detención a pesar de contar con su carta de libertad. Varias organizaciones también expresan su apoyo a los presos políticos y a sus familiares, quienes también son víctimas de las decisiones arbitrarias del gobierno de Bukele”, señaló el COFAPPES.
El COFAPPES destacó que los informes periciales realizados tanto por la Corte de Cuentas de la República como por la FGR coinciden en que “no hubo ningún desvío de fondos de la Asociación ASOCAMBIO, ni beneficio a ninguna de las cuentas personales de los presos políticos”.
En este sentido, afirmó que los funcionarios de la administración pública están cometiendo “desacato judicial, actos arbitrarios y privación de libertad, como es el caso de Osiris Luna, el director del centro penal La Esperanza (Mariona), y al presidente ilegal Nayib Bukele, por atentar contra los derechos humanos de los dos detenidos en calidad de secuestro”.
Cruz detalló que ninguno de los familiares tiene conocimiento de la salud de Landaverde, dado que lo último que se sabe de él es la orden judicial emitida por el Instituto de Medicina Legal, donde un médico recomendaba sacar a Landaverde para poder ser tratado externamente por una hernia “producto de la detención”, además de ser una persona con diabetes de la cual “no se sabe si se asiste con medicamentos”.
“Los centros penales no gozan de ninguna condición adecuada para ninguna persona; ni siquiera afuera hay medicamentos, mucho menos en las clínicas de los centros penales. Por lo tanto, esa es la preocupación de la familia por el tema de su condición de salud, porque es una incertidumbre que actualmente se tiene”, agregó Cruz.
Por lo anterior, el COFAPPES exigió la liberación inmediata de Landaverde y Roque, debido a que concluyó el tiempo que la ley establece para la detención provisional, además de ser inocentes. Asimismo, que Luna acate las resoluciones judiciales “que reafirman el derecho a la libertad”.
“Aquí en el país no se cumple la ley, los funcionarios no cumplen con la Constitución y nadie tiene garantías de enfrentar un proceso de manera justa y con las garantías que se deben de tener”, concluyó la represente del COFAPPES.
