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Gloria Orellana
@DiarioCoLatino
El Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES) realizó un acto de solidaridad en demanda de un debido proceso y libertad de sus familiares que desde el 22 de julio guardan prisión en el Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona, en el municipio de Mejicanos.
Ivania Cruz, integrante de COFAPPES, señaló que pedían la liberación de: Carlos Cáceres, Hugo Flores Hidalgo, Calixto Mejía, Francisco Hirezi, Dennis Cordova, Ever Henríquez, Jaime Valdez, Santos Portillo y Amílcar Pérez, quienes se encuentran en el penal La Esperanza. La mayoría son miembros del FMLN o exfuncionarios de los dos gobiernos del partido de izquierda.
Fue la noche del jueves 22 de julio, cuando el Fiscal General, Rodolfo Delgado, designado por la administración Bukele, presentó a los exfuncionarios del partido FMLN en el gobierno de Mauricio Funes: Violeta Menjívar, Carlos Cáceres, Erlinda Handal, Calixto Mejía y Hugo Flores Hidalgo, acusados por presuntos delitos de lavado de dinero.
Las acusaciones del Fiscal Delgado se dieron en el marco de la mediática “Operación Desfalco”, y que junto a la Policía Nacional Civil, realizó una serie de allanamientos y capturas de los exfuncionarios. Así mismo, giró órdenes de captura contra los exministros Gerson Martínez (exministro del MOP), Lina Pohl (ex ministra del MARN), que se encuentra en un organismo internacional, y el expresidente Salvador Sánchez Cerén, que se encuentra en Nicaragua. La INTERPOL desestimó la persecución internacional por considerarlo una persecución con fines políticos.
“Nuestros familiares encarcelados injustamente han sido objeto de persecución política por este gobierno fascista que ha violentado sus derechos humanos desde la garantía de su de defensa, debido proceso y la presunción de inocencia hasta el derecho a la salud”, agregó Cruz. “Las autoridades de la Dirección de Centros Penales han permitido el acceso para visitar a nuestros familiares, y sabemos que es producto de toda esta lucha como familiares. Ya podremos realizar las visitas porque este derecho había sido negado como parte de esta estrategia política para minimizar su dignidad y desgastar su salud”, expresó Cruz.
Asimismo, demandaron justicia para los presas y presos políticas, y exigieron a los titulares de la autoridad judicial, a dejar en libertad a sus familiares y que desestimen la orden de captura porque no contiene ningún fundamento que probara algún delito en contra de ellos.
“Rechazamos todas estas acciones que son parte de una campaña política en contra de quienes han mostrado resistencia popular ante las medidas antidemocráticas que desde el inicio de este gobierno han sido evidentes. Y decimos no a la persecución política”, manifestó Cruz.
“Nos mantendremos con firmeza hasta demostrar su inocencia y que reciban justicia nuestros familiares. Además, reiteramos, nuestra lucha por la democracia y Estado de Derecho que por ahora se encuentra en riesgo bajo un gobierno que busca socavar lo logrado en la firma de los Acuerdos de Paz”, puntualizó Ivania Cruz.
