Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
El Comité de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES) realizó este domingo una actividad pública, en el marco del 35 aniversario de la “Ofensiva General Febe Elizabeth Vive”, para exigir la libertad de los presos políticos y denunciar que la Fiscalía General de la República, se encuentra “judicializando la política”, con las personas críticas al régimen actual.
“COFAPPES, hace esta actividad para visibilizar los rostros de los compañeros y para exigir su libertad, y para dar a conocer también al pueblo salvadoreño que son personas que durante toda su vida han luchado por la democracia y la paz en este país”, afirmó Lourdes Palacios.
Las autoridades de seguridad captararon a finales de mayo del presenta año, a 11 veteranos y exocambtientes, miembros de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, entre los que se encuentra Atilio Motalvo, conocido como Salvador Guerra, y Santos Merla, conocido como Pepe, a quienes les decretaron “prisión provisional” el pasado 14 de junio del presente año, acusados de “actos de terrorismo y rebelión al Estado”.
La Fiscalía General de la República los acusa de de “planear un atentado” en la toma de posesión del presidente Nayib Bukele, en un controversial segundo mandato presidencial el pasado 1 de junio, a todas luces inconstitucional.
“Tenemos el caso de Atilio Montalvo, que es firmamente de los Acuerdos de Paz, y uno de los fundadores de la Policía Nacional Civil (PNC), impulsor en esas décadas de estos procesos democráticos que venimos empujando desde el año 1992 y que ahora se encuentra detenido y gravemente enfermo”, afirmó Palacios.
“Él tiene enfermedades crónicas que ponen en riesgo su vida en el penal la Occidental de Santa Ana. Y en igual condición se encuentra José Santos Melara, conocido como Pepe, que ha sido exdiputado en la Asamblea Legislativa”, señaló Palacios.
Para la integrante de COFAPPES, atribuir delitos por parte de las autoridades fiscales a personas que en toda su trayectoria de vida han impulsado la justicia social en El Salvador, es “grave” señaló Palacios, sobre cuando trataran de vincularlos con atentados o acciones terroristas.
Por el delito calificado como “organizaciones terroristas les han aplicado la Ley Especial contra Actos de Terrorismo (LECAT).
El art. 15 de la mencionada ley señala como actos terroristas los cometidos con armas, artefactos y sustancias explosivas, agentes químicos, biológicas o radiológicas de destrucción masiva o artículos similares en tentado agravado.
“Aquí se han querido adhosar delitos falsos, son delitos que no existen ni en la realidad de El Salvador. Como el caso de Mauricio Ramírez Landaverde, acusado de algo que era imposible que robara 14 millones de dólares, cuando ni siquiera existía esa cantidad en la asociación (ASOCAMBIO)”, mencionó Palacios.
“Con los veteranos es igual, ni siquiera existe ese tipo de actividades, y cuando muchos hemos luchado por la paz en El Salvador, cuando entregamos nuestra juventud para construir la democracia en el país, es incoherente que ahora se les venga a acusar del uso de ese armamento radioactivo o nuclear, eso es imposible”, reafirmó.
“Y segundo lugar, efectivamente la petición es que la institucionalidad no se preste a este tipo de falsedades, para el uso utlilitario de la institucionalidad mezclado con todo el manejo mediático favorable al régimen, que es lo que se hizo justamente, y eso lo señalamos como COFAPPES, que es la judicialización de la política”, teiteró Palacios.
Placios reiteró que por las condiciones en que se encuentran los veteranos capturados, agregó, que por sus derechos porque están gravemente enfermos, les deben otorgar “medidas sustitutivas a la prisión provisional”, alegando que tienen conocimiento sobre el trato que reciben los detenidos en los centros penales que pone en riesgo su integridad física y psicológica.
“Estos casos donde se desgasta a la persona, se le daña su imagen, su honor mediáticamente y le imponen un delito falso, y que ha sido creado por la Fiscalía General de la República, entonces, es condenado públicamente, sin haber estado en los tribunales”, reseñó.
“En esa parte en donde la Fiscalía General de la República se presta para este tipo de cosas graves, también forma parte del manejo títere que hacen de la institucionalidad el actual régimen”, concluyó Palacios.
