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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
EI Comité de Familiares de Personas Presas y Perseguidas Políticas de El Salvador (COFAPPES), en relación con el caso denominado como “sobresueldos”, celebró que cuatro exfuncionarios evitaran seguir en prisión, por lo que pasarán a hacer trabajos de utilidad pública. Sin embargo, dijo que con el caso de Calixto Mejía se trata de una “injusticia”.
Es de recordar que El Juzgado 3° de Instrucción de San Salvador sentenció a tres años de prisión a cuatro exfuncionarios de la administración del expresidente de la República, Mauricio Funes, quienes enfrentaron un procedimiento abreviado con el objetivo de recibir una menor condena y el reemplazo de la misma a trabajos de utilidad pública, pero a cambio tuvieron que confesar haber cometido los delitos que les imputó la fiscalía, y, además deberán restituir los fondos recibidos en concepto de sobresueldos.
Los procesados que quedaron en libertad fueron el exministro de Hacienda, Carlos Cáceres, quien restituirá al Estado $210,000, el exviceministro de Agricultura y Ganadería, Hugo Flores, quien devolverá $174,000, mientras que las exviceministras, Violeta Menjívar y Erlinda Handal restituirán al Estado $177,000 y $162,000, respectivamente. Todos ellos deberán cumplir su condena con trabajos de utilidad pública, la cual, decidirá un Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.
COFAPPES saludó a Violeta Menjívar, Erlinda Handal, Hugo Flores y Carlos Cáceres por haber logrado la libertad el día 30 de noviembre. “Expresamos que los procesos políticos en El Salvador no tienen una salida jurídica apegada a derecho, ya que, en algunos casos, solo queda como alternativa el proceso abreviado para evitar ser puestos en prisión”, comentó COFAPPES, a través de un comunicado de prensa.
El Comité agradeció a todas las organizaciones sociales, comunitarias y populares nacionales e internacionales por la solidaridad demostrada con los procesados durante estos años por el proceso “injusto que enfrentaron y los que aún siguen enfrentándolo”.
Dentro del mismo proceso también se encuentra el exviceministro de Trabajo, Calixto Mejía, quien no se sometió a un procedimiento abreviado y pasó a vista pública, donde deberá afrontar un juicio $208,000 de fondos públicos.
En ese contexto, COFAPPES señaló “un trato desigual e injusto” para Calixto Mejía, pues el juzgado lo remitió a vista pública. “Esta acción solo demuestra lo injusto e inequitativo en la aplicación de la ley por parte del sistema”.
Calixto Mejía permaneció dos años en prisión y otros noventa días adicionales “de forma ilegal”, a pesar de tener la resolución judicial de libertad ratificada en segunda ocasión por el juzgado respectivo, la dirección del centro penal no le permitió salir, planteó COFAPPES.
Entre los acusados ausentes que pasaron a vista pública también se encuentra el ex presidente Salvador Sánchez Cerén, señalado de supuestamente haber recibido $530,000 de la partida secreta durante su periodo como vicepresidente de la República (2009-2014); el exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, por $290,000, la exviceministra de Medio Ambiente, Lina Pohl, por $177,000; el exministro de Agricultura y expresidente de CEPA, Guillermo López Suárez, por $565,000, y José Manuel Melgar, exministro de Justicia y Seguridad Pública, por $150,000
Una vez más, COFAPPES reiteró su voluntad y compromiso para luchar por lograr la libertad incondicional de quiénes están en los procesos judiciales y dentro de las cárceles a fin de demostrar su inocencia definitiva.
