Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Alma Vilches
@AlmaCoLatino
El Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) y el Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES) presentaron una solicitud a la Dirección de Centros Penales, en el que piden el derecho a la visita familiar y de sus abogados contemplada en la Ley Penitenciaria, a fin de conocer el paradero de las víctimas inocentes del Régimen de Excepción.
Ivania Cruz, representante de COFAPPES, explicó que al no permitirles la visita a sus familiares, las acciones de la Dirección de Centros Penales generan vulneración palpable al Derecho a la Seguridad Jurídica, Legalidad; Debido proceso, Igualdad, Petición y Defensa, regulados en los artículos 3, 12, 15, 17 y 18, 218, 235 y 245 de la Constitución de la República.
“Venimos para que se active un proceso administrativo como por ley corresponda, para resolver la solicitud que se permita la visita familiar y profesional como el Reglamento y la Ley Penitenciaria lo regula; a qué le teme la Dirección General de Centros Penales, al estar ocultando las condiciones en cómo están nuestros familiares”, enfatizó Cruz. En reiteradas ocasiones, dijo Cruz, han solicitado a la Dirección de Centros Penales cumplir con el derecho a la visita familiar y profesional, pero hasta la fecha no han tenido respuesta de la razón legal o jurídica del por qué no se permite.
Según la representante de COFAPPES, los diferentes penales están en la obligación de prestar las condiciones, para que se puedan darse las visitas con la disciplina y normativas internas adecuadas.
“Estamos a casi dos años de los primeros presos políticos en El Salvador, esto inició con las capturas individuales mucho antes del Régimen de Excepción donde se han dado capturas masivas, la persecución política ha seguido. En ciertas actividades funcionarios, agentes de la PNC y de la Fuerza Armada toman fotografías para saber quiénes hacen estas acciones”, externó Cruz.
María Ramírez es madre de dos hijos, capturados el 25 de julio de 2022, los agentes de la PNC llegaron a las 11 de la noche golpearon la puerta y se los llevaron, desde entonces solo sabe que uno de ellos permanece en Mariona y el otro fue trasladado al centro penal de Zacatecoluca debido a su estado de salud, porque padece de esquizofrenia.
“El único problema que he tenido es una hermana, que es quien denunció a mis hijos en venganza porque un juez hasta había dictado medidas para que ella no me siguiera hostigando. Desde el día que se los llevaron no sé nada de ellos, nadie me ha querido escuchar, he ido a todas partes”, narró con voz entre cortada María.
