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@arpassv
Es posible que el Fiscal General Luis Martínez se jacte de tenerles la “cola pateada” a muchos políticos, patient funcionarios, shop empresarios, sale personeros de los grandes medios, etc., referente a que les conoce algunos “pecadillos” por los cuales podría procesarlos (o chantajearlos) en algún momento.
Su actuación en el caso del “Padre Toño” confirma esta sospecha, pues –según publicó el semanario digital El Faro– el Fiscal Martínez logró la confesión de culpabilidad del sacerdote español Antonio Rodríguez mostrándole grabaciones de comprometedoras conversaciones privadas. Tales conversaciones –afirma El Faro– también fueron presentadas a diplomáticos españoles y a miembros de la conferencia episcopal salvadoreña.
Sin embargo, el Fiscal General también podría tener “cola que patearle”, pues una nota del periodista Héctor Silva Ávalos revela un posible conflicto de interés. Dicha publicación señala que Luis Martínez hace viajes oficiales en un avión propiedad del empresario Enrique Rais, demandado en la Fiscalía por estafa y administración fraudulenta.
Es decir, el Fiscal utiliza recursos de una de las partes en una demanda que él investiga. Y aunque consultado por la prensa diga que eso es asunto irrelevante y de poco interés ciudadano, es un hecho delicadísimo que la Asamblea Legislativa que lo nombró debería investigar.
A ese posible conflicto de interés del Fiscal Martínez se suman sus omisiones en varios casos de importancia nacional. Uno es el juicio contra el ex presidente Francisco Flores, donde la Fiscalía actúa complaciente con la estrategia de la defensa y se niega incorporar el delito de lavado de dinero.
¿Será que Luis Martínez también tiene alguna “cola pateada” por la relación laboral-empresarial que tuvo con el ex gobernante arenero antes ser Fiscal?
Otra muestra de negligencia del Fiscal General es su desidia frente a la petición de investigar las irregularidades cometidas en la asignación de frecuencias radioeléctricas. Dicha demanda fue presentada por representantes de la Red por el Derecho a la Comunicación (ReDCo) en junio de este año.
Amparados en el Artículo 17 del Código Procesal Penal, miembros de ReDCo pidieron en octubre pasado un informe a la Fiscalía. Dicha disposición establece que cuatro meses después de presentado un aviso de investigación los demandantes pueden solicitar información sobre las diligencias realizadas, pero el Fiscal Martínez no respondió.
Así que la Asamblea debería tomar cartas en el asunto. El posible conflicto de interés por el uso de recursos de alguien que es objeto de una investigación fiscal y las omisiones en casos como el del ex presidente Flores o las irregularidades en las con-cesiones radioeléctricas, son motivos suficientes.
