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Caracas / Prensa Latina
Wiliam Urquijo Pascual
La credibilidad de la oposición venezolana aglutinada en torno al diputado Juan Guaidó colapsa bajo el peso de casos de corrupción en la gestión de recursos y activos expropiados al Estado en el exterior.
Tras el fracaso político que supuso la baja participación en la convocatoria lanzada por el autoproclamado presidente «encargado» de la nación sudamericana reconocido como tal por Estados Unidos y sus aliados-, las revelaciones de manejos turbios hunden aún más al pretendido gobierno paralelo, ante partidarios y detractores.
En recientes declaraciones a la prensa, el diputado opositor José Brito aseguró que 70 legisladores exigieron al titular de la Asamblea Nacional (Parlamento en desacato) explicar el destino de 400 millones de dólares enviados por Estados Unidos para la supuesta ayuda humanitaria.
Tales recursos provendrían de los activos ilegalmente expropiados a empresas como Monómeros Colombo-Venezolanos, filial en Colombia de la estatal Petroquímica de Venezuela (Pequiven), y Citgo Petroleum, propiedad de Petróleos de Venezuela en Estados Unidos, con la complicidad de las autoridades de ambas naciones.
Los fondos son administrados por la directiva del Legislativo bajo su exclusiva discreción y la directiva de las mencionadas entidades se encuentra bajo la dirección de gente cercana al partido de extrema derecha Voluntad Popular al cual pertenece Guaidó-, reseñó el portal de investigación Misión Verdad.
Subrayó la fuente que el diputado Brito acusó a la dirigencia de la Asamblea Nacional de separar ‘como sal y agua’ a los diputados descontentos de aquellos que gozan de privilegios por la gestión de los recursos.
Desde su autoproclamación como presidente encargado el 23 de enero de 2019, el gobierno de Venezuela denunció en reiteradas ocasiones la participación de Juan Guaidó en el desfalco de los activos del Estado, así como los llamados generar un cambio de régimen por vías antidemocráticas, y sus profundos nexos con paramilitares colombianos.
Sin embargo, los señalamientos por los turbios manejos del cabecilla opositor y su círculo de colaboradores provienen ahora de la propia derecha venezolana, en evidente muestra de la debilidad y fragmentación de dicho sector político.
A finales de noviembre Guaidó anunció la destitución de su representante en Bogotá, Humberto Calderón Berti, a raíz de una denuncia presentada por el pretendido embajador ante la Fiscalía colombiana por manejos irregulares de fondos para ayuda humanitaria.
En junio último el medio PanAm Post reveló la implicación de dos delegados nombrados por el autoproclamado en la malversación de recursos financieros destinados a pagar el hospedaje y la alimentación de militares desertores en la ciudad de Cúcuta, tras la falsa operación de ayuda humanitaria organizada en la frontera binacional.
Calificada por Caracas como un intento de intervención en territorio venezolano, la acción del 23 de febrero contó con la participación de grupos de choque al servicio de la derecha que generaron graves hechos de violencia en el occidental estado de Táchira.
Ante las nuevas acusaciones, el contralor general, Elvis Amoroso, consignó el viernes ante la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario la solicitud del bloqueo de las cuentas bancarias de diputados y funcionarios del entorno de Guaidó por sus vínculos con legitimación de capitales y enriquecimiento ilícito.
Amoroso instó a la institución financiera a proceder de inmediato en la toma de acciones como impedir cualquier negociación de Guaidó y su entorno a través del sistema financiero y la banca venezolana.
En recientes declaraciones desde España, el ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, aseguró que el país sudamericano vive ‘los últimos estertores’ de la ‘aventura tenebrosa’ que inició Juan Guaidó, desde enero de este año.
‘Estos días se pueden definir como el corolario de una aventura tenebrosa que empezó violentando de manera brutal el derecho internacional y la Constitución venezolana’, aseveró el titular al denunciar además a la administración estadounidense de Donald Trump como artífice de la autoproclamación del dirigente opositor.
