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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
El Centro de Derechos Reproductivos y la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local y el acompañamiento de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, que representaron a Manuela y sus familiares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) esperan una sentencia que reivindique la dignidad y resarcimiento de sus derechos que fueron ignorados por el Estado salvadoreño.
En un comunicado, las organizaciones pro derechos humanos reiteraron que las mujeres en El Salvador, que sufren “emergencias obstétricas”, deben contar con atención inmediata y urgente, prioridad que debe ser garantizada por el Estado salvadoreño, estableciendo protocolos definidos para proveer los servicios en material sexual y reproductiva. “El personal médico en El Salvador trabaja en medio de un clima de miedo, temen sufrir persecución judicial, pues enfrentan una enorme incertidumbre jurídica que les lleva a denunciar a las mujeres que tienen emergencias obstétricas en las que se ha muerto la criatura en gestación. Por ello violan el secreto que debe existir con las pacientes vulnerando su derecho a la vida privada y a la salud. Se requiere de regulación urgente para detener esta situación”, cita el texto.
Asimismo, reiteraron que todas las mujeres que son usuarias del sistema hospitalario y lleguen con “emergencias obstétricas”, merecen un trato de respeto y no discriminación. Que comienza con los exámenes que se realizan en la unidad de emergencia, permitiendo que la paciente pueda contar con la presunción de inocencia y dejar prácticas arbitrarias, como la denuncia a las autoridades, cuando no han realizado toda una investigación clínica competente. “Manuela fue víctima de una injusta condena por parte de El Salvador, debido a que desde el hospital asumieron su culpabilidad.
Eso la enfrentó a un sistema judicial que, siguiendo estereotipos de género machistas, la sometieron a procesos judiciales sin garantías y a condenas injustas”, reiteraron. En cuanto a las vulneraciones que fueron descritas y documentadas por las organizaciones indicaron que se da en un escenario judicial de prohibición absoluta del aborto en El Salvador, que reiteradamente organismos como las Naciones Unidas que han referido que este tipo de legislación genera “múltiples violaciones” a los derechos humanos de las mujeres. “Lamentamos que el Estado haya planteado toda su defensa dentro de esta misma visión estereotipada de las mujeres ignorando los llamados que se le han hecho en este litigio, que ya lleva varios años, y en el que ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el Estado fue responsable de vulnerar los derechos de Manuela”, alegaron.
“Consideramos que el Estado salvadoreño tiene la oportunidad de reconocer la violación de derechos y reparar a la familia de Manuela, así como a tomar medidas referidas a protocolos de atención, secreto profesional del personal de salud, detención en flagrancia, garantía de defensa y presunción de inocencia, lo que garantiza la salud y la justicia de mujeres que enfrentan situaciones similares”, acotaron.
El Centro de Derechos Reproductivos, la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local y la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto reafirmaron que sus expectativas con la sentencia de la Corte IDH son altas y que se pronunciará por los derechos humanos de Manuela, cuya repercusión del fallo se verá en la región centroamericana.
Manuela falleció en el año 2010, era una mujer de la zona rural, analfabeta que vivía en pobreza en el municipio de Cacaopera, Morazán, uno de los departamentos identificados como de “pobreza extrema”, que afecta a un 45.3 % de su población. Ella murió condenada a purgar 30 años de prisión por el supuesto delito de aborto, privada de libertad y esposada a una cama hospitalaria por un cáncer linfático, que no fue atendido como era debido.
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