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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Las integrantes del Movimiento Ecofeminista de El Salvador y Mujeres Ambientalistas de El Salvador (AMAES) demandaron una respuesta a los titulares de las Carteras de Estado de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente y Recursos Naturales sobre la posible explotación a cielo abierto de la Mina Cerro Blanco, en Asunción Mita, Jutiapa, Guatemala, que haría tambalear la seguridad hídrica del pueblo salvadoreño.
En redes sociales, el Movimiento Ecofeminista de El Salvador y Mujeres Ambientalistas de El Salvador señalaron que en diciembre de 2021 presentaron un aviso al Juzgado Ambiental de Santa Ana, para que investigaran los daños que está sufriendo el río Ostúa y el lago de Güija.
Luego de 8 días, la Jueza del Juzgado Ambiental de Santa Ana les envió una notificación a la ministra Alexandra Hill, para que la Cancillería hiciera las gestiones pertinentes con su par de Guatemala, así como también, una notificación al ministro Fernando López, de Medio Ambiente.
Por lo que AMAES y el Movimiento Ecofeminista, cuestionan que a la fecha no exista respuesta oficial sobre ese aviso que presentaron y sin dar mayor información si han realizado algunas acciones o reuniones con autoridades del vecino país, con quienes se comparten aguas transfronterizas.
“No sabemos que han hecho para evitar que la mina Cerro Blanco opere a 103 metros de una quebrada que drena en el río Lempa. Y tampoco una propuesta en caso de una falla (pilas de relave o desechos mineros) que en 45 minutos llegarían al lago de Güija en el municipio de Metapán, Santa Ana contaminándolo permanentemente”, afirmó Nelly Rivera.
En cuanto a la empresa canadiense Bluestone Resources (BSR), que a través de la subsidiaria Elevar Resources, solicitó el pasado noviembre al Ministerio de Medio Ambiente de Guatemala un permiso para convertir la mina subterránea Cerro Blanco, en una mina de cielo abierto que tiene mayor impacto al medio ambiente. La mina se encuentra en Asunción Mita a menos de 7 kilómetros de El Salvador en la cuenca alta del río Ostúa-Güija-Lempa.
“Las instalaciones estarían a solo 395 metros del pueblo y a 103 metros de la quebrada El Marial, desde la cual, en caso una falla de las instalaciones o pilas de residuos mineros, los relaves fluirían hacia El Salvador por el lago de Guija en menos de 45 minutos y en menos de 12 minutos en el río Ostúa, afluente del Lempa. Además de soterrar en cuestión de minutos el pueblo mas cercano a la mina y en donde residen alrededor de 200 personas”, dijo Rivera.
seguridad hídrica del pueblo
salvadoreño.
Foto Diario Co Latino/Archivo.
En el informe de impacto ambiental y riesgos presentados por Bluestone Resources evalúa las consecuencias de una falla solamente como “significativa”, que es cuando no pone en riesgo a la población permanentemente y que no dañaría de manera relevante ningún ecosistema, cuando se evidencia que la categoría real que se debe asignar sería la “extrema”.
Citando a la Asociación Canadiense de Represas, que define para una categoría “Extrema” un diseño de una pila de desechos que resista terremotos en un máximo creíble y la inundación en su máxima probable.
“Cuando Bluestone Resources solamente ha diseñado un período de retorno de 100 años en 24 horas (excedencia anual del 1%)”, señala.
La minera propone un sistema de almacenamiento de desechos con un método de construcción conocido como “aguas arriba” que está prohibido en Brasil, Chile , Ecuador y Perú, por su inestabilidad y tener un riesgo demasiado alto, reafirmaron.
Según sus declaraciones, dicha pila tendría 175 metros de altura para almacenanar 54.7 toneladas de relaves mineros y 145 de roca estéril. Sería la segunda más alta del mundo y la cuarta con un número mayor del volumen.
Para el Movimiento Ecofeminista de El Salvador y Mujeres Ambientalistas de El Salvador (AMAES), los cálculos de dichas instalaciones presentados están fuera de todos los límites tecnológicos actuales, por lo que consideraron que si el gobierno de Guatemala aprueba el estudio de impacto ambiental que ha presentado la empresa minera, “la seguridad hídrica de EL Salvador estaría bajo riesgo extremo”.
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