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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
derechos humanos.
La esposa de Anaya, Mirna Perla reiteró que el asesinato de Herbert fue ejecutado por los cuerpos de seguridad de la época de 1987, cuando José Napoleón Duarte era presidente de la República, y había toda una política de represión avalada por ese gobierno pero impulsada por Estados Unidos.
Anaya Sanabria es referente en la defensa de los Derechos Humanos fue asesinado el 26 de octubre de 1987, mientras fungía como presidente de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDDH), se caracterizó por defender y solidarizarse con quienes eran reprimidos por los cuerpos de seguridad de la época.
Perla explicó a Diario Co Latino que el pasado viernes solicitaron ante el Juzgado de Instrucción de Mejicanos, la reapertura en el caso de Anaya, pues a su criterio el juicio en su momento fue equivocado, al juzgar a una persona que no tuvo relación en el asesinato de su esposo.
Según la viuda de Anaya, el juicio fue un show montado, puesto que no hubo un proceso imparcial, creando un fraude procesal, además de una serie de irregularidades, ya que no fueron investigados quienes en realidad fueron
los autores intelectuales y materiales del asesinato.
“La petición de reapertura del caso es con el objetivo de hacer justicia. Que quienes ordenaron y ejecutaron el asesinato de mi esposo, lo acepten y se logre esclarecer, ya que en ese momento la Policía detuvo a Jorge Alberto Arévalo, miembro del Ejército Revolucionario del Pueblo como la persona que asesinó a Herbert.
Arévalo fue condenado en 1991 a 30 años de prisión, aunque la Comisión de la Verdad declaró que los derechos básicos del imputado fueron violados en el juicio”, explicó Perla.
A la vez, afirmó que a Anaya Sanabria lo asesinaron los escuadrones de la muerte, es decir miembros de la Policía de Hacienda vestidos de civil, lo asesinan luego de hacer una serie de persecuciones en su contra, así como difamación, y torturas.
A criterio de Perla, el gobierno trató de hacer un show y un fraude procesal con la intencionalidad de evitar que se responsabilizará y se encontrara la verdad y que se le hiciera pagar a los asesinos de este crimen de Estado, ya que ellos en realidad no tomaron la declaración de uno de los responsables del asesinato, como es el general Reynaldo Golcher “Nuestra preocupación es que haya justicia en este caso, yo como viuda, mi familia y mis compañeros del movimiento de Derechos Humanos tenemos un gran interés en que las víctimas encuentren una respuesta para que se les
garantice el derecho al acceso a la justicia tomando en cuenta la sentencia de la sala de lo constitucional que ha establecido que los crímenes de lesa humanidad y de graves violaciones a los Derechos Humanos durante la Guerra,
deben de ser conocidos y no pueden ser amparados por la ley de amnistía, que se dio después de haberse conocido el informe de la comisión de la verdad”, sostuvo.
Una de las peticiones del Colectivo de Derechos Humanos es que se conozca la verdad y que haya una reparación de daños, así que el edificio donde antes estaba la Policía de Hacienda, lugar donde fueron torturadas muchas personas, sea declarado un museo, a fin de contar con documento y pruebas de los asesinatos de lesa humanidad cometidos contra miles de salvadoreños.
