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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
El Colectivo Libertad pidió al gobierno cesar la criminalización y persecución judicial contra los veteranos y ex combatientes del conflicto armado, así como la libertad para los integrantes de la Alianza Nacional El Paz, capturados desde el 31 de mayo, acusados por supuestos actos terroristas durante la toma de posesión de Nayib Bukele.
El Colectivo Libertad, integrado por veteranos, veteranas y ex combatientes del conflicto armado, señaló que el gobierno presidido por Nayib Bukele, ha intensificado su estrategia de criminalización y persecución judicial contra opositores, disidentes y críticos de sus abusos de poder, violaciones de derechos humanos, actos de corrupción, promesas incumplidas y falsas soluciones.
“Bukele utiliza de manera impune a las instituciones públicas como sus instrumentos de ataque, así ha convertido a la Fiscalía General de la República (FGR) en un fabricante de delitos y acusaciones falsas; a la mayoría de instancias judiciales, en inquisidores al servicio del régimen autocrático; y al sistema penitenciario, en un antro de actos crueles, inhumanos y degradantes que vulneran la integridad y amenazan la vida de las personas detenidas arbitrariamente”, indicó el colectivo.
Asimismo, destacó que el gobierno también mantiene vigente el Régimen de Excepción, porque le sirve como mecanismo de amedrentamiento e intimidación, además, esta estrategia de persecución sólo es posible en un esquema legal de suspensión de garantías constitucionales a toda la población. Los integrantes del Colectivo Libertad reiteraron que a los casos políticos se les aplican las disposiciones jurídicas y los tribunales especiales creados bajo el Régimen de Excepción, a pesar de que éstos no tienen ninguna relación con pandillas o crimen organizado.
“No es casualidad que los ambientalistas de Cabañas, los dirigentes de la Alianza El Salvador en Paz, el ex presidente del TSE, Eugenio Chicas y varios ex funcionarios acusados de supuestos delitos de «corrupción» tienen en común haber participado en la guerra y ser artífices de los Acuerdos de Paz y todo lo que éstos significaron para el desmontaje del militarismo y la apertura democrática”, aseguraron.
Indicaron que además de incrementar la denuncia pública e impulsar acciones en favor de la libertad de los veteranos, y ex combatientes, en los próximos días y semanas recurrirán a instancia internacionales, sobre todo a solicitar la intervención de la Organización de las Naciones Unidas.
Dijeron que como facilitadora y garante de los Acuerdos de Paz, la ONU debe pronunciarse y actuar frente a esta política sistemática de persecución contra quienes, con su sacrificio y valentía, hicieron posible el proceso de paz y democratización del país que es ejemplo para el resto del mundo.
Pidieron la libertad para los dirigentes de la Alianza El Salvador en Paz, Atilio Montalvo, José Melara, Alfonso Mira, Eliseo Alvarado, Wilfredo Parada, Orlando Cartagena, Douglas Recinos, Ismael Santos y Roberto Esquivel; así como Eugenio Chicas, ex presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Además, apoyaron los casos de persecución contra personas que no son veteranos o ex combatientes, pero igualmente son perseguimos judicialmente por razones políticas, entre ellos el comunicador comunitario Luis Menjívar, el joven Félix López, y el defensor de derechos humanos Fidel Zavala y residentes de la comunidad «La Floresta».
Silvia Montalvo, hija de Atilio Montalvo (conocido como Comandante Salvador Guerra), expresó que su padre lleva casi 10 meses en prisión, se lo llevaron con una herida abierta en su abdomen, pues cuando lo capturaron estaba en la etapa de recuperación de una cirugía, hasta el momento no tienen mayor información sobre su estado de salud, solamente que el mes de febrero le hicieron la última transfusión de sangre.
“No tenemos ningún tipo de comunicación con él, por el Régimen de Excepción ni su abogado ni la familia podemos visitarlo, ni siquiera en el hospital mucho menos en el centro penal; lo único que sabemos es que dos veces al mes lo llevan a las diálisis cuando debería ser por lo menos cuatro veces al mes, a mi papá solo le funcionan el 10% de los riñones”, detalló.
Recalcó que la vida de su papá está en manos del Estado y la jueza 3 del Juzgado del Crimen Organizado y le pueda otorgar medidas sustitutivas para poder recibir la atención médica necesaria; pero desde hace cuatro meses lo solicitaron y hasta la fecha no han obtenido ninguna respuesta.
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