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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Estamos en la víspera de la consulta ciudadana para que el pueblo miteco, en Guatemala, decida si la mina va o no. Y es de mucha satisfacción porque hay una lucha de denuncia de 14 años sobre la explotación de la mina Cerro Blanco”, afirmó Nelly Rivera, de las Mujeres Ambientalistas de Metapán y del Movimiento Ecofeminista de El Salvador.
Los colectivos ambientales Mesa Nacional frente a la Minería, la Alianza Centroamericana Frente a la Minería y el Movimiento Ecofeminista de El Salvador, anunciaron que varias delegaciones de sus organizaciones y otras de la región se harán presentes como observadores internacionales en la Consulta Municipal de Vecinos que decidirá si la población aprueba o no, la explotación de la mina Cerro Blanco.
“Han pasado cuatro gobiernos y conocen de las pérdidas que habrían con la explotación de la mina Cerro Blanco y de la crisis hídrica para los ríos Lempa y Ostúa y el lago de Güija”, agregó.
“Cerro Blanco es una mina transfronteriza y queremos que ustedes como medios de comunicación den a conocer todo esto alrededor de la lucha social por la consulta y parar evitar que ese proyecto minero contamine el territorio guatemalteco y salvadoreño”, indicó Rivas.
Los argumentos de los colectivos ambientales salvadoreños, se sustentan en nvestigaciones realizados por sus organizaciones y otros profesionales en el campo de la industria minera como la presentada por la Fundación Henrich Böll El Salvador, que documentó Steven H. Emerman, Hidrológo y Geofísico, quien señaló entre sus observaciones que la instalación de almacenamiento de “relaves filtrados” (depósitos de lodos mineros) era una amenaza inminente al medio ambiente y la población guatemalteca y salvadoreña.
Afirmó que “relaves filtrados” en la mina de oro y plata Cerro Blanco, que ha propuesto la empresa canadiense Blue Stone Resources, al Sur de Guatemala, tendría 175 metros de altura y estaría a tan solo 395 metros de pendiente arriba del pueblo de Trapiche Vargas.
Así también, estaría a solo 103 metros pendiente arriba de la quebrada El Marial, desde el cual, los “relaves” podrían fluir hacia El Salvador, aunque señaló que la propuesta del diseño de la transnacional minera afirma que se contendrían los “relaves”mencionan que pueden resistir terremotos o inundaciones por un amplio lapso de tiempo.
Cidia Cortes , consultora e investigadora ambiental, consideró, que con esta información que también poseen los gobiernos de ambas naciones, no pueden ignorar que la mina Cerro Blanco es una amenaza inminente con impactos irreversibles sobrepasando varias generaciones.
“El ministro (Fernando) López (MARN) ha reconocido el peligro de la mina Cerro Blanco, tenemos estudios técnicos y científicos que demuestran la inviabilidad de esa mina para las aguas transfronterizas, es innegable”, afirmó.
“Son investigaciones realizadas por expertos nacionales y extranjeros que han evaluado el estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa minera a las autoridades de medio ambiente de Guatemala. Sin embargo, no hay postura del gobierno de El Salvador, aún sabiendo que hay tratados internacionales para prohibir proyectos extractivistas en esa zona”, reafirmó Cortes.
Sobre esos argumentos reiteraron que los “residuos mineros” causan impactos peligrosos en las comunidades y al medio ambiente, porque los diques de contención de relaves o lodos mineros, se vuelven en algún momento inestables y pueden colapsar generando una tragedia humanitaria y ambiental sin precedentes.
Solo Brasil, acumula dos incidentes con los depósitos de “relave” , como en 2019, en Brumadihho, cuando un dique cedió y cobró la vida de 270 personas y es considerado el desastre ambiental e industrial más grave en territorio brasileño.
Y el segundo en enero 2021, una pila de relaves filtrados de la mina Vallourec se fracturó y causó una inundación en un tramo de una carretera principal que destruyó todo a su paso cerrando esta vía de comunicación por dos días, y sin que las empresas mineras enfrentaran un proceso judicial por los daños.
Pedro Cabezas, integrante de Alianza Centroamericana Frente a la Minería (ACAFREMIN), explicó que por estos antecedentes sobre la industria minera la consulta ciudadana, se convertía en un hito importante, ya que está en manos del pueblo miteco la preservación de las aguas del río Lempa y el lago de Güija, para un El Salvador altamente vulnerable.
“Tenemos el territorio más pequeño de Centroamérica, la población más densa por kilómetro cuadrado en toda la región y tenemos la mayor deforestación en el continente, y con el agravante que el 90% de las aguas superficiales están contaminadas”, agregó.
“Los indicadores de Naciones Unidas (ONU) ha dicho que estamos entre los países más vulnerables al cambio climático y ante eso los salvadoreños, llevamos una larga batalla que nos permitió lograr la prohibición de la minería metálica y las amenazas que esa industria puede acarrearle a nuestro país, por esto es importante la consulta en Asunción Mita”, resumió, Cabezas.
Sobre los proyectos mineros transfronterizos, han contabilizado 40 de estos proyectos en la zona de Honduras y 20 en Guatemala, de los cuales la mina Cerro Blanco es el que mayor avance ha generado en su gestión para obtener su licencias de explotación de los minerales preciosos como el oro y la plata. “Al iniciar esas operaciones sería el inicio de la contaminación de las aguas del río Lempa”, acotó Cabezas.
Omar Flores, de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, fue de la opinión, que la experiencia salvadoreña en referencia la prohibición de la explotación minera les ha permitido abrir espacios y fomentar el diálogo con algunos funcionarios y diversos sectores.
Y que el conocimiento sobre acciones de denuncias públicas y presentación de investigaciones científicas les ha permitido apoyar y acompañar al pueblo miteco que enfrenta una posible devastación del medio ambiente por la minería metálica a cielo abierto que representa el proyecto Cerro Blanco.
“Esta acción que veremos este próximo domingo 18 de septiembre, es una acción netamente ciudadana; no es una acción generada desde la institucionalidad del Estado de Guatemala, fue la ciudadanía de Asunción Mita (Jutiapa, Guatemala) los que han solicitado y activado un mecanismo que regula la legislación municipal para desarrollar este ejercicio público y protegerse”, indicó.
Lo anterior contrasta con la postura de los gobiernos de la región, añadió Flores, al señalar que existe una “indiferencia institucional” relacionada al tema de los proyectos extractivistas, que contradice abiertamente las declaraciones de integración centroamericana o las expresiones políticas de unidad de Centroamérica.
“Creo que si no ponen el tema ambiental sobre la mesa de la región, si no hablan de las aguas transnfronterizas o de la ratificación de tratados que protejan las aguas compartidas (Plan Trifinio) pues, esos discursos de los políticos solo quedan como expresiones vacías y sin voluntad política”, aseguró Flores.
En cuanto al “Plan Trifinio”, que es un convenio regional que tiene como medida la conservación del bosque nuboso del macizo montañoso “Montecristo”, que los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador, han declarado y reconocido como “Reserva de Biósfera”, así como sus zonas circundantes y nombrada por estas naciones como “La Fraternidad”, no ha sido consultado su marco jurídico que implica compromisos legales de estos tres países que comprende El Trifinio.
Luis González, de la Mesa Nacional Frente a la Minería, estimó que era necesario que el gobierno de El Salvador nombre una “comisión especial”, la cual debe ser integrada por los ministerios de Medio Ambiente, Cancillería, así como Agricultura y Ganadería, con el fin de buscar acuerdos mutuos con Guatemala sobre las aguas compartidas.
“La reciente Ley General de Recursos Hídricos, que aprobó la Asamblea Legislativa, mandata al presidente Nayib Bukele a dialogar con otros países sobre las aguas transfronterizas”, refirió.
“Y con el tema de la consulta de este domingo por la mina Cerro Blanco, consideró que es un hito en materia de defensa de aguas compartidas a la que debemos atención, porque recordemos que El Salvador es agua dependiente, por tanto vulnerable”, indicó González.
La Consulta Municipal de Vecinos de Asunción Mita, Jutiapa, Guatemala, tendrá 6 centros de votación, con 70 urnas, la población ronda en 50 mil habitantes de estos hay 28 mil inscritos en el padrón electoral. Y será el 20% de esos votos emitidos que darán validez a la consulta para que sea vinculante para la Alcaldía Municipal, quien tiene la responsabilidad de aprobar permisos de construcción u otras obras a nivel local.
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