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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Comunidades organizadas, iglesias históricas, y organizaciones sociales ambientales, alzaron su voz este martes para exigir a los diputados de la Asamblea Legislativa que no se atreva a derogar la Ley Especial de Prohibición de la Minería Metálica, ya que significaría un riesgo en la vida, salud y el bienestar de la población salvadoreña, y los ecosistemas.
Es de recordar que el presidente de la República, Nayib Bukele, ha reiterado sus intenciones de reactivar la minería en El Salvador; de hecho, anunció que enviaría la derogatoria de la Ley que prohíbe hacer trabajos de explotación minera. Bukele se ha agarrado de la idea que El Salvador es el único país que prohíbe la minería, lo que ha calificado de “absurdo”.
Mientras que las organizaciones defensoras del medio ambiente han reafirmado que está demostrado, técnica y científicamente que la minería metálica es una actividad devastadora para un país como El Salvador, donde el agua y el territorio son recursos críticos y limitados.
En ese sentido, “reactivar esta industria, prohibida por consenso nacional en 2017, sería una decisión irresponsable y contraria a los compromisos éticos, sociales y ambientales que ustedes como representantes tienen con la ciudadanía”, dijeron las organizaciones a los diputados en la misiva que llegaron a dejar.
Al respecto, la lideresa de ADES-Santa Marta, Vidalina Morales, señaló que llegaron la mañana de este martes a la Asamblea porque suena en el espectro público, “la noticia alarmante” de una posible reactivación de la minera. “Lamentamos profundamente que esta situación se esté dando después de más de 7 años de haber sido aprobada esta ley, ahora estamos ya amenazados por el discurso del presidente de reaperturar la minería en este país”.
“Estamos aquí porque creímos en el año 2017 apostarle a una ley que prohíbe la minería metálica para salvarnos de la contaminación del agua, de la contaminación en nuestros territorios por el cianuro y por otros metales pesados”, afirmó Morales.
Morales subrayó que es decisión de la Asamblea Legislativa “el que este país vaya a un camino sin retorno en el tema ambiental y derechos humanos, si esa ley que prohíbe la minería metálica es derogada”.
Según los colectivos, el principal daño ambiental de la minería metálica para El Salvador es el uso excesivo y contaminación del agua, provocado por el proceso de lixiviación (proceso para extraer) del oro, para el cual utilizan grandes cantidades del recurso hídrico mezclado con cianuro y otros químicos altamente tóxicos, que derivan en la generación de drenaje ácido, tal como ocurrió en el río San Sebastián, ubicado en Santa Rosa de Lima, La Unión’, y en otros países que impulsan minería como fuente de ingresos económicos.
“Es absurdo considerar extraer minerales, a costa de matar de sed a las comunidades, o desmejorar su calidad de vida contaminando sus fuentes de agua superficiales y también de los acuíferas”, agregaron las organizaciones.
La líder del movimiento Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, Amalia López, enfatizó que la ley que prohíbe la minería metálica en El Salvador, responde a necesidades fundamentales para los territorios y al respeto a la dignidad de la vida y a los DDHH.
“De acuerdo a los datos que el Censo 2024 proporciona, Chalatenango, Morazán y La Unión son los departamentos que menos servicios de agua por ANDA tienen, es por eso que tienen que autogestionárselo. Y les van a contaminar sus mantos acuíferos y el (Rio Lempa) que es de donde viven. Eso es injusticia a todas luces, es violentar los derechos humanos de la población. Por esa razón es que nuevamente salimos a las calles y venimos no a pedir, a exigir a los diputados que no se atrevan a manosear la dignidad de los salvadoreños y salvadoreñas, que no se atrevan a derogar un instrumento legal único en su género”, comentó Amalia López.
En El Salvador aún persisten 15 minas en abandono en la zona oriental, de estas, 7 amenazan con generar drenaje ácido capaz de contaminar la cuenca hidrográfica del río Goascorán y el río Grande de San Miguel, “y esto es consecuencia de la explotación de oro realizada desde los años 1,900 sin que hasta hoy se realicen acciones para evitar que esto avance hacia el río Lempa, a pesar que la Ley de Prohibición de la Minería Metálica obliga al Estado a cerrar las minas abandonadas y hacer procesos de remediación ambiental”.
Las organizaciones señalaron que la explotación de oro es una industria extractiva a gran escala que requiere grandes espacios territoriales, y afecta áreas densamente pobladas. “Esta industria de muerte causará en el plazo inmediato en los departamentos en cuestión al norte del país; que las poblaciones se vean obligadas a abandonar sus viviendas y tierras de cultivo vulnerando los derechos de esa población a la alimentación, al agua, a un medio ambiente sano, a la salud, y a la vida”.
Por otra parte, las organizaciones comentaron que, El Salvador por su ubicación geográfica, presenta alta sismicidad, además del peligro de activar las fallas sísmicas, la zona norte del país es la más susceptible a deslizamientos por su topografía y la explotación minera podría generar desestabilización, “la población estaría en grave peligro de deslizamientos o derrumbes. Además, los trabajadores que se encuentren en el interior de minas subterráneas estarían en grave peligro al ocurrir un sismo”.
Por tanto, las organizaciones sintetizaron que la minería metálica sigue siendo inviable en El Salvador, pues las razones de fondo siguen vigentes y el estado del ambiente en el país se encuentra en mayores condiciones de vulnerabilidad, situación ampliamente advertida. Por ello pidieron que no se derogue o modifique la Ley de Prohibición de la Minería Metálica.
