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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Comunidades organizadas, iglesias históricas, y organizaciones sociales ambientales alzaron su voz para exigir a los diputados de la Asamblea Legislativa que no se atrevan a derogar la Ley Especial de Prohibición de la Minería Metálica, ya que significaría un riesgo en la vida, salud y el bienestar de la población salvadoreña, y los ecosistemas.
Es de recordar que el presidente de la República, Nayib Bukele, ha reiterado sus intenciones de reactivar la minería en El Salvador; de hecho, anunció que enviaría la derogatoria de la Ley que prohíbe hacer trabajos de explotación minera. Bukele se ha agarrado de la idea que El Salvador es el único país que prohíbe la minería, algo que le parece “absurdo”.
“Lamentamos profundamente que esta situación se esté dando después de más de 7 años de haber sido aprobada esta ley, ahora estamos ya amenazados por el discurso del presidente de reaperturar la minería en este país”, dijo la lideresa de ADES-Santa Marta, Vidalina Morales.
Morales subrayó que es decisión de la Asamblea Legislativa “el que este país vaya a un camino sin retorno en el tema ambiental y derechos humanos, si esa ley que prohíbe la minería metálica es derogada”.
Según los colectivos, el principal daño ambiental de la minería metálica para El Salvador es el uso excesivo y contaminación del agua, provocado por el proceso de lixiviación (proceso para extraer) del oro, para el cual utilizan grandes cantidades del recurso hídrico mezclado con cianuro y otros químicos altamente tóxicos, que derivan en la generación de drenaje ácido, tal como ocurrió en el río San Sebastián, ubicado en Santa Rosa de Lima, La Unión’, y en otros países que impulsan minería como fuente de ingresos económicos.
Las organizaciones señalaron que la explotación de oro es una industria extractiva a gran escala que requiere grandes espacios territoriales, y afecta áreas densamente pobladas. “Esta industria de muerte causará en el plazo inmediato en los departamentos en cuestión al norte del país; que las poblaciones se vean obligadas a abandonar sus viviendas y tierras de cultivo vulnerando los derechos de esa población a la alimentación, al agua, a un medio ambiente sano, a la salud, y a la vida”.
Por tanto, las organizaciones sintetizaron que la minería metálica sigue siendo inviable en El Salvador, pues las razones de fondo siguen vigentes y el estado del ambiente en el país se encuentra en mayores condiciones de vulnerabilidad, situación ampliamente advertida. Por ello pidieron que no se derogue o modifique la Ley de Prohibición de la Minería Metálica.
