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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
Ética, transparencia y apego a la Constitución de la República demandó un colectivo de organizaciones juveniles, ante lo que consideran la “peor crisis democrática de la historia del país”, que señalan inició con la acción del presidente Nayib Bukele, el pasado 9 de febrero, con la militarización Asamblea Legislativa para presionar al pleno legislativo por un préstamo para seguridad.
En cuanto a la atención de la Emergencia Nacional Sanitaria por la pandemia de COVID-19, enfatizaron en las acciones de “represión” de miembros de la Fuerza Armada y Policía Nacional Civil, descalificación de otros órganos del Estado y ataques a organizaciones de la sociedad civil que defiende derechos humanos de la población.
“Una de las lamentables situaciones que también debemos señalar es cómo funcionarios y funcionarias de Gobierno están utilizando sus cuentas personales en redes sociales para promover sus partidos políticos y lograr que sus simpatizantes y militantes del binomio oficialista de GANA, Nuevas Ideas, generen ataques contra los sectores más críticos de la actual gestión”, afirmaron.
Como organizaciones ciudadanas juveniles expresaron su compromiso de defender el orden constitucional y bases democráticas, fruto de la firma de los Acuerdos de Paz (1992), la Constitución de la República, así como leyes, reglamentos internos y disposiciones de ética en cuanto a las políticas públicas que debe garantizar el Estado salvadoreño.
“Siempre hemos participado en la construcción de políticas públicas, consultas, plataformas o programas que se han promovido desde el Estado salvadoreño, organismos internacionales y sociedad civil, porque sabemos que nuestro aporte es necesario para que todas estas estrategias funcionen en materia de juventud”, detallaron.
Asimismo, denunciaron sobre las irregularidades que están cometiendo funcionarios y funcionarias del Gobierno en el contexto de las próximas elecciones legislativas y municipales del próximo año y citaron la Ley de Ética Gubernamental, que en su artículo 6, que aborda la prohibición de utilizar los bienes muebles o inmuebles de la institución, para proselitismo político partidario, valiéndose del cargo.
Y el artículo 127 de la Constitución de la República, que señala que no podrán ser “candidatos” a diputaciones los funcionarios que ostentan la Presidencia, vicepresidencia, ministerios, viceministerios, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, militares de alta, funcionarios de organismos electorales y funcionarios que ejerzan jurisdicción.
Así como, el Código Electoral, que estipula que los militares en servicio activo, miembros de la Policía Nacional Civil y agentes municipales no podrán hacer propaganda político partidista, señalando que existen suficientes reglamentos y leyes para impedir las acciones que están realizando los actuales funcionarios.
En virtud de los artículos de la Constitución y leyes citadas, las juventudes organizadas de distintas zonas del país: AMATE, ADIJUSS, AJUBI, FES, JPS, Kolectivo San Jacinto, Los Siempre Sospechosos de Todo y Plataforma Global, demandaron: “A todos los funcionarios y funcionarias del Gobierno que han sido electas a cargos de diputaciones de la Asamblea Legislativa y Parlamento Centroamericano, que se abstengan de realizar campañas electorales anticipadas y de hacer uso de medios digitales, bienes muebles e inmuebles y programas pertenecientes e instituciones públicas para fines partidarios y, cuanto antes, presenten sus renuncias a los cargos actuales, porque cada día que pasa les siguen remunerando fondos públicos, por un cargo que han decido dejar atrás, para buscar otro”, reafirmaron.
Mientras, al presidente de la República, le demandaron que acepte las denuncias que le presenten en el plazo legal que corresponde y que inicie los nuevos nombramientos en los cargos que queden vacantes, utilizando criterios de idoneidad para los mismos y de equidad de género, ética gubernamental y legalidad, “evitando prácticas nepotistas, amiguismos y tratos políticos”, aducen.
“A las personas que han sido elegidas como candidatas, a que respeten el dolor de las familias y comunidades víctimas de la actual crisis sanitaria y económica y se abstengan de sacar provecho de la coyuntura para impulsar candidaturas o a las candidaturas a las que son afines”, reiteraron.
Asimismo, exhortaron a las funcionarias Marcela Pineda (directora del INJUVE) y Suecy Callejas (ministra de Cultura) a que se concentren en sus labores institucionales y atiendan los proyectos y programas que desarrolla la población juvenil en los sectores culturales, ambientales, artísticos, deportivos y ambientales, desde las cuales han participado en la construcción de políticas públicas y aportado en la implementación.
“A estas funcionarias que están desarrollando su trabajo con mucha mediocridad, a más de un año de haber tomado los cargos, Marcela Pineda realizó el cierre de tres proyectos que beneficiaban a sectores de la juventud más afectadas económicamente, sin ofrecer alternativas. Mientras, Suecy Callejas sigue sin promover el diálogo con el sector artístico más afectado por la emergencia sanitaria. Ha facilitado la destrucción del Patrimonio Cultural y ambiental en el sitio arqueológico Tacushcalco y la construcción de la octava represa en el río Sensunapán, Sonsonate”, puntualizaron.
