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Por Rodrigo Almonacid
Bogotá/AFP
En Colombia, 17 líderes sociales fueron asesinados en los últimos dos meses, cuando se aprobó el acuerdo de paz con la guerrilla FARC que busca superar más de medio siglo de conflicto armado, informó el gobierno.
«Ya son 17 los líderes sociales asesinados desde el pasado 1 de diciembre, fecha en la que el Congreso de la República refrendó el Acuerdo de Paz», indicó la estatal Unidad para las Víctimas en un comunicado.
«Estamos sumamente preocupados por la ocurrencia de estos hechos, porque la verdad es que están masacrando a los líderes sociales», dijo Alan Jara, director de esa entidad, citado en el texto.
La última víctima fue el líder de restitución de tierras Porfirio Jaramillo, asesinado el sábado pasado en el municipio de Turbo, departamento de Antioquia (noroeste), cuando cuatro hombres armados llegaron a su vivienda y se lo llevaron por la fuerza en una motocicleta, de acuerdo con el organismo.
La Policía halló el cadáver de Jaramillo, que reclamaba la devolución de un terreno ante la Unidad de Restitución de Tierras (URT), el domingo en la madrugada en un área rural de Turbo.
El presidente Juan Manuel Santos pidió el domingo a la Policía que capturara a los responsables y a la fiscalía que investigue la muerte del líder.
La violencia contra líderes comunitarios ha sido advertida por la ONU y el propio gobierno, que incluso ha dicho que ésta compromete el cese al fuego bilateral que sostiene con las FARC desde fines de agosto.
Jara también instó este lunes al ente acusador a priorizar las investigaciones de estos homicidios y pidió a las autoridades que brinden a los líderes «medidas de protección pertinentes».
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas) han denunciado con insistencia los homicidios.
El miedo de las FARC a que la dejación de armas y la reinserción de los guerrilleros a la vida civil genere violencia y muerte remite al exterminio de la Unión Patriótica (UP) tras el fallido proceso de paz con el presidente Belisario Betancur en 1984.
Entonces, unos 3.000 miembros de ese movimiento político de influencia comunista, entre ellos dos aspirantes a la Presidencia, fueron asesinados por paramilitares en connivencia con fuerzas estatales.
«Estamos preocupados»
El presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Peter Maurer, también mostró su inquietud por el asesinato de los líderes.
«Estamos preocupados siempre que las personas son asesinadas por la violencia», indicó este lunes el directivo a periodistas en Bogotá, adonde llegó para una visita oficial de tres días.
Las FARC, principal y más antigua del país, firmó en noviembre un acuerdo para terminar 52 años de conflagración, que fue refrendado por el Congreso tras el rechazo en octubre en un plebiscito al pacto original, lo que obligó a la renegociación de lo convenido luego de cuatro años de diálogos en Cuba.
Tanto las FARC como organizaciones sociales atribuyen los ataques a grupos paramilitares de extrema derecha, una versión desestimada por el gobierno, que responsabiliza de esas muertes a bandas criminales dedicadas al narcotráfico, formadas tras la desmovilización de milicias irregulares de extrema derecha en 2006.
El Ejército de Liberación Nacional (ELN, guevarista), la única guerrilla activa del país, ha cuestionado la voluntad de paz del gobierno, con el que prevé iniciar diálogos el 7 de febrero en Quito, justamente por estos homicidios.
«Tenemos serias dudas, que si bien hay un lenguaje conciliador en la mesa (de negociaciones), en la vida diaria la persecución política contra la izquierda y contra todo el que piensa diferente sigue creciendo, y eso se cuenta en muertos», dijo la semana pasada Pablo Beltrán, jefe negociador del grupo rebelde, a Radio Super Cali.
Según el movimiento izquierdista Marcha Patriótica, en lo que va de 2017 han sido asesinados 14 líderes sociales y defensores de derechos humanos, mientras que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidades para los Derechos Humanos contabilizó 64 homicidios en 2016.
