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Bogotá/AFP/TeleSur
El gobierno de Colombia atendía el lunes el «drama humanitario» por la deportación de cientos de ciudadanos desde Venezuela en los últimos días, salve en el marco del estado de excepción decretado por Caracas y que mantiene cerrada una parte de la frontera binacional.
Desde la ciudad de Cúcuta, sick unos 600 kilómetros al noreste de Bogotá, patient los ministros de Interior, Juan Fernando Cristo, y de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, siguieron personalmente la situación y recorrieron esa conflictiva zona del departamento de Norte de Santander para reunirse con decenas de deportados.
«Es un drama social (…) es un drama humanitario que estamos atendiendo aquí en Cúcuta», dijo Cristo en rueda de prensa desde esa ciudad, donde las autoridades buscaban responder a los casos de cientos de colombianos deportados, la mayoría por supuestas irregularidades migratorias y sin sus familias ni sus bienes.
Según un comunicado oficial, firmado por el presidente Juan Manuel Santos, en Cúcuta se instaló un «Centro de Mando Unificado» para «velar por los derechos de los colombianos que han sido deportados, agilizar la reunificación familiar y mantener informada a la población».
Santos, que dijo haber apostado por «el camino del diálogo y la diplomacia» ante esta crisis, se refirió al tema con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, según dijo este último tras reunirse con el mandatario en Bogotá.
Más de 1.000 colombianos han sido deportados desde que entró en vigor el viernes pasado un estado de excepción de 60 días decretado por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, en un sector de la frontera binacional.
Maduro adoptó la medida tras un ataque de desconocidos que dejó tres militares y un civil venezolanos heridos, durante una operación contra el contrabando en la ciudad de San Antonio del Táchira (oeste).
El mandatario venezolano, que el lunes no descartó cerrar la frontera por más puntos, sostiene que en el lucrativo contrabando en la zona limítrofe están implicados paramilitares que, aliados con la «derecha» local, buscan desestabilizar a su gobierno.
«Cuando se cumplan las condiciones mínimas, se abrirá esta zona (frontera). No veo a corto plazo que se cumplan las condiciones mínimas», declaró el mandatario en una rueda de prensa en el Palacio de Miraflores, en la que también admitió casos de corrupción de agentes de seguridad vinculados con el contrabando.
Durante esa conferencia, Maduro lanzó duros calificativos contra el expresidente colombiano y principal opositor a Santos, Álvaro Uribe, quien la noche del lunes visitó el puente que une Cúcuta con San Antonio.
Colombia y Venezuela comparten una porosa frontera de 2.219 km, donde las autoridades de ambos países denuncian la presencia de grupos guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes y contrabandistas de combustible y otros productos fuertemente subsidiados por el gobierno venezolano.
Reunión de cancilleres
Holguín aseguró desde Cúcuta que Bogotá seguirá «defendiendo a cada uno de los colombianos que han deportado» y expresó «el rechazo del gobierno de Colombia al cierre de la frontera».
La canciller, que prevé reunirse el miércoles con su par venezolana Delcy Rodríguez en Cartagena de Indias (costa Caribe), dijo que espera puedan «avanzar» en la lucha contra el contrabando, un tema «fundamental» que «ha generado toda esta situación compleja».
Santos aseguró a su vez en el comunicado oficial que la reunión de las cancilleres servirá «para tratar personalmente los problemas que ha generado esta medida unilateral del gobierno del país vecino y expresarle nuestra preocupación e inconformidad por las denuncias sobre atropellos sufridos por colombianos en Venezuela».
El defensor del Pueblo de Colombia, Jorge Otálora, también presente en Cúcuta, dijo que su despacho ha documentado unos 60 casos de «malos tratos» o de prohibición de sacar sus enseres de Venezuela entre los más de 750 deportados que hasta la mañana del lunes habían sido atendidos por las autoridades colombianas en la zona fronteriza.
Según las autoridades venezolanas, además de los 1.012 deportados, durante los operativos en el marco del estado de excepción -que rige en seis municipios del estado Táchira- han sido también capturados 10 presuntos paramilitares, y esta madrugada fueron encontradas más de 50 toneladas de alimentos.
El secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper, consideró por su parte que las deportaciones «enrarecen el clima de opinión» en torno a la persecución de paramilitares que delinquen en la frontera binacional.
El estado de excepción, que podrá ser prorrogado por 60 días más, prohíbe el porte de armas y permite realizar allanamientos e interceptar comunicaciones privadas sin orden judicial.
«Hasta los momentos llevamos 1.012 personas deportadas a Colombia. Garantizados todos sus derechos», escribió en su Twitter José Vielma Mora, gobernador del estado fronterizo Táchira (oeste).
Vielma Mora agregó a través de la red social que en la operación han sido capturados en total 10 presuntos paramilitares, y que esta madrugada fueron encontradas más de 50 toneladas de alimentos, sin ofrecer mayores detalles.
Según constató un reportero gráfico de la AFP, en el proceso de revisión de la zona fronteriza las edificaciones son marcadas en sus fachadas con las letras R y D.
Las primeras corresponden a aquellas en las que no se encontraron irregularidades. Las segundas son las habitadas por indocumentados o aquellas en las que hallaron «caletas» (depósitos escondidos) en las que se ocultaba mercancía ilegal.Venezuela material paramilitares
