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Bogotá/AFP
Un alto tribunal de Colombia devolvió los derechos políticos a la exsenadora Piedad Córdoba, al anular la última sanción de inhabilidad que existía en su contra, dos meses después de que fuera invalidado otro castigo similar que pesaba sobre la política izquierdista.
El Consejo de Estado dijo en un comunicado que «declaró la nulidad de la sanción impuesta por la Procuraduría General de la Nación (en 2010) a la exsenadora Piedad Córdoba Ruiz, decisión que la había destituido e inhabilitado por 14 años para ejercer cargos públicos».
El máximo tribunal en lo contencioso administrativo concluyó que la investigación de la Procuraduría, ente encargado de vigilar a los funcionarios en el país, «se basó en conjeturas e indicios» para señalar a Córdoba de una «falta gravísima» por supuestamente haber contribuido económicamente a la campaña de un candidato a la Cámara de Representantes.
En declaraciones a la prensa, la magistrada responsable de la ponencia, Sandra Ibarra, dijo que «la sentencia está siendo publicada en el día de hoy (martes) y a partir de allí, pues recobra ella (Córdoba) todos sus derechos».
Al reaccionar en Twitter a la decisión judicial, la exsenadora dijo: «Hoy que recobro mis derechos políticos quiero agradecer a quienes de distintas formas en los momentos difíciles se mantuvieron conmigo».
«Estos años injustamente inhabilitada me enseñaron que hay otras formas de hacer política, trabajar por la paz ha sido la más enriquecedora», añadió.
«Heroína de la paz»
Por su parte, el jefe negociador de la guerrilla FARC en los diálogos de paz con el gobierno de Colombia, Iván Márquez, celebró el fallo a favor de la excongresista.
«Saludamos retorno a la política de Piedad Córdoba, heroína de la paz que nunca debió perder sus derechos políticos», escribió en un mensaje en Twitter acompañado de una foto de Córdoba sosteniendo una vela blanca.
En agosto pasado, el mismo Consejo de Estado declaró nula la inhabilitación para ejercer cargos públicos por 18 años impuesta también en 2010 por la Procuraduría General de la Nación a Córdoba, acusada de extralimitación en sus funciones como mediadora entre el gobierno y las FARC.
Para dicha sanción, el ministerio público estructuró su sentencia con base en las pruebas recaudadas en el desarrollo de la Operación Fénix, llevada a cabo por el Ejército de Colombia en 2008 en Ecuador y en la que murió el segundo comandante de las FARC, Raúl Reyes.
Durante esa incursión militar se confiscaron computadores donde se hallaron supuestos intercambios de correos electrónicos entre Córdoba y Reyes.
El Consejo de Estado consideró «ilegal» esa evidencia, porque en la recolección no se tuvieron en la cuenta «requisitos legales esenciales».
La exsenadora siempre señaló que las medidas disciplinarias en su contra constituían una «persecución política» del exprocurador Alejandro Ordóñez, conocido por sus posturas conservadoras.
Legisladora por el ala izquierdista del Partido Liberal desde 1994 a 2010, Córdoba alcanzó gran notoriedad a partir de 2008 por su papel para facilitar la liberación de más de 30 rehenes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas). Actualmente milita en el movimiento izquierdista Marcha Patriótica.
Córdoba, quien estuvo secuestrada unos días en 1999 por el desaparecido jefe paramilitar Carlos Castaño y en 2011 abandonó el país tras continuas amenazas de muerte, se ha declarado víctima de espionaje durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), del que fue férrea opositora.
