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Bogotá/AFP
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, posesionó a los magistrados del sistema especial de justicia surgido del pacto de paz con la exguerrilla FARC, y que juzgará los crímenes más graves del conflicto armado.
«Logramos un modelo sin impunidad para los crímenes internacionales y de lesa humanidad, que además respeta nuestra Constitución y nuestras leyes, y los tratados internacionales sobre la materia», señaló el mandatario durante la ceremonia en la sede de gobierno.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), columna vertebral del pacto que sacó de la guerra a unos 7.000 combatientes, establece que guerrilleros y militares señalados de crímenes graves podrán recibir penas alternativas a la cárcel si confiesan sus delitos, reparan a las víctimas y se comprometen a nunca más ejercer la violencia.
En principio el sistema, conformado por un fiscal y 38 magistrados, estará en vigor 15 años.
«Es un concepto de justicia moderno, propositivo, restaurativo, que reemplaza a esa justicia punitiva, de revancha y retaliación», subrayó.
El Congreso aprobó en noviembre el proyecto de ley que reglamenta la JEP, pero introdujo algunos cambios respecto a lo pactado por el gobierno de Santos y la exguerrilla comunista en noviembre de 2016, tras cuatro años de negociaciones en Cuba.
Tras un trámite legislativo tormentoso por la inestabilidad de la mayoría oficialista, el Congreso incluyó un regimen de inhabilidades para los magistrados ya escogidos que aún debe pasar la revisión de la Corte Constitucional.
La ONU reprochó en diciembre que varios congresistas «descalificaron» a los defensores de derechos humanos elegidos como magistrados al impedirles posesionarse por haber representado a víctimas en el pasado.
Los magistrados fueron elegidos de entre más de 2.300 aspirantes por un comité de de cinco miembros que incluía a juristas colombianos y de organismos internacionales.
Los integrantes de las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), hoy desarmadas y convertidas en partido político, podrán participar en las elecciones legislativas y presidenciales de 2018 si se presentan ante la JEP.
Los rebeldes tendrán garantizados 10 escaños en el Congreso -cinco en cada cámara- por dos periodos de cuatro años, aunque deberán participar en los comicios.
Medio siglo de enfrentamientos entre guerrillas, paramilitares, agentes estatales y narcotraficantes ha dejado cerca de ocho millones de víctimas entre desplazados, muertos y desaparecidos.
