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Por Lissy de Abreu
Bogotá/AFP
Colombia enfrenta desde este jueves el reto de poner en marcha el pacto de paz con la guerrilla FARC, renegociado tras el fracaso del acuerdo original en un plebiscito y refrendado la víspera en el Congreso.
«Lo que viene ahora es la implementación de este acuerdo (…). Tenemos un enorme desafío», dijo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, tras la ratificación parlamentaria.
En esta etapa, el Congreso, donde el presidente Juan Manuel Santos tiene mayoría, será nuevamente clave para consolidar la paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la guerrilla más antigua de América Latina, tras 52 años de confrontación.
Allí será presentada la próxima semana la ley de amnistía para guerrilleros, acordada en las negociaciones que transcurrieron durante cuatro años en Cuba. Además, Cristo enviará un paquete legislativo que incluye un proyecto sobre participación política de los guerrilleros.
Para la pronta validación de estas iniciativas, el gobierno espera contar con un mecanismo de aprobación rápida («fast track»), cuya aprobación estudia la Corte Constitucional.
«En este momento se está procediendo a preparar un primer paquete de indultos, entre tanto se presenta la ley de amnistía y se da todo el trámite legislativo», anunció a su vez el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo.
Santos, Premio Nobel de la Paz por buscar acabar la guerra que ha dejado unos 260.000 muertos en Colombia, adelantará este fin de semana en regiones del país labores relativas a la implementación del acuerdo.
Apoyo en guerra y paz
El acuerdo de paz ratificado en el Congreso fue sellado hace una semana por las partes, tras la revisión del pacto original para incluir propuestas de la oposición tras el plebiscito del 2 de octubre.
El texto quedó aprobado sin cambios el miércoles, tras dos maratónicas sesiones parlamentarias.
La oposición, liderada por el expresidente y actual senador Álvaro Uribe, decidió no participar en las votaciones, al considerar que el Congreso «no puede suplantar» a las urnas.
Los uribistas también rechazan el pacto en general, pues creen que permite la «impunidad total» y otorga elegibilidad política a guerrilleros culpables de crímenes atroces antes de pagar sus penas.
La decisión de gobierno y FARC de refrendar el acuerdo renegociado en el Congreso tuvo que ver, según dijeron, con la fragilidad del cese al fuego bilateral que mantienen desde fines de agosto.
El alto al fuego se vio perturbado por la muerte de dos guerrilleros de las FARC hace unas semanas en combates con el Ejército y, más recientemente, por una serie de homicidios y atentados contra líderes sociales.
El Departamento de Estado estadounidense celebró en un comunicado la aprobación del pacto y dijo que Washington «apoyó a Colombia en tiempos de conflicto y seguirá haciéndolo en tiempos de paz». También la misión de la ONU en Colombia, que verifica el alto al fuego, y la Unión Europea saludaron la refrendación.
El vicepresidente estadounidense, Joe Biden, que llegó este jueves a la caribeña Cartagena, dijo que es «notable» el trabajo hecho por Colombia en pro de la paz.
«Contexto supremamente difícil»
El gobierno insiste en que las FARC deberán comenzar a movilizarse en cinco días hacia las 27 zonas donde se concentrarán para dejar progresivamente sus armas bajo supervisión de Naciones Unidas. Sin embargo, la guerrilla ha dicho que para ello debe aprobarse antes la amnistía.
Jaramillo respondió este jueves a ese planteamiento: «Las FARC no pueden introducir nuevas condiciones al acuerdo», afirmó, recordando que, según el texto, todos los guerrilleros deberán estar concentrados máximo a fines de diciembre.
En tanto, el presidente Santos dijo: «Hoy, 1 de diciembre del año 2016, podemos decir, ya oficialmente, que esta guerra terminó».
«Tenemos todos que trabajar, (…) tenemos todos que continuar haciendo sacrificios, pero ojalá unidos», añadió, refiriéndose al posconflicto.
«Sigue habiendo desafíos relacionados no solamente con lo político, sino con su implementación en el terreno: con el ELN (Ejército de Liberación Nacional, segunda guerrilla), con la violencia contra líderes», dijo a AFP Kyle Johnson, analista del International Crisis Group.
«Entonces, tenemos un acuerdo en un contexto supremamente difícil para la seguridad política del acuerdo y también para la implementación misma, en términos de la capacidad del Estado», explicó.
