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Por Raúl Arboleda
Briceño/AFP
En una aislada región de Colombia, casi sin vías de acceso e inundada de sembradíos de coca, inició el domingo un programa de sustitución de cultivos de uso ilícito, acordado por el gobierno y la guerrilla FARC en sus negociaciones de paz.
Al lanzamiento del proyecto piloto, en una zona rural del municipio de Briceño (departamento de Antioquia, noroeste), asistió el dirigente guerrillero Pastor Alape, quien aseguró a los campesinos que «el programa de sustitución voluntaria es la oportunidad para ayudar a la paz», según un comunicado de la Presidencia.
«La edificación de la paz, con la participación del pueblo, ha empezado a andar», añadió el líder rebelde, que participa en las negociaciones para poner fin a más de medio siglo de conflicto que el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas) instalaron en Cuba en noviembre de 2012 y que ya se encuentran en su recta final.
En la población de Pueblo Nuevo y ante unos 500 campesinos venidos de todo Briceño, el guerrillero habló del proyecto de sustitución de cultivos de hoja de coca por otros de uso lícito, un plan que contempla el apoyo de la guerrilla y se desarrollará en 10 áreas del municipio.
«Esta es una oportunidad para que el gobierno y la comunidad generen de la mano desarrollo alternativo y eviten la resiembra de coca», dijo a su vez el alto consejero del gobierno para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad, Rafael Pardo, también presente en el acto.
«Lo que hemos hecho hoy es generar confianza» para impulsar el «desarrollo en la comunidad a partir de la eliminación de cultivos ilegales», añadió.
El acuerdo contempla la instalación de una mesa de trabajo, de la que saldrá el procedimiento específico para la erradicación de los cultivos de hoja de coca y que incluirá un plan de «atención inmediata a las comunidades involucradas».
Las FARC, en tanto, «asumen la responsabilidad de erradicar voluntariamente aquellos cultivos en los que este grupo ha tenido algún tipo de incidencia» y los campesinos «se comprometen con la sustitución de cultivos ilegales y la no resiembra de los mismos», aseguró el comunicado.
Organismos como Naciones Unidas y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) participarán como acompañantes del proceso.
Mejoras de infraestructura
En la zona de Pueblo Nuevo, donde los cultivos de coca crecen por doquier y a la que solo se puede acceder por vías sin pavimentar luego de un tortuoso recorrido, una de las principales peticiones de los campesinos para aceptar cambiar de sembradíos son las mejoras de infraestructura: nuevas vías para sacar los productos agrícolas y mejores escuelas.
Aunque en la discusión de este domingo, también hubo quien propuso que se estudie la posibilidad de permitir que sigan existiendo los cultivos de hoja de coca -tan arraigados en la región- pero destinados a fines lícitos.
«Se puede buscarle alternativas a la hojas de coca como un producto lícito y real», dijo a la AFP el campesino Fabio Muñoz, quien propuso a las autoridades aprovechar los cultivos ya existentes para, por ejemplo, la elaboración de tés medicinales, como los que asegura él viene vendiendo.
Un caso aislado, pues la mayoría de los labriegos de la montañosa zona -donde es común ver casas con pintas de «FARC presentes»- aseguran que hasta ahora solo podían vender sus cultivos a la guerrilla.
El plan piloto de sustitución de cultivos de uso ilícito forma parte del acuerdo sobre narcotráfico suscrito por guerrilla y gobierno en Cuba, donde las partes también han suscrito otros acuerdos parciales en temas como desminado -que igualmente avanza con colaboración de las FARC-, desarrollo rural y reparación de víctimas.
Colombia es el principal cultivador mundial de hoja de coca, la materia prima de la cocaína, con 96.000 hectáreas de sembradíos, y también el mayor productor de esa droga con 646 toneladas en 2015, según un informe de la ONU revelado esta semana.
El país vive un conflicto armado que ha enfrentado a guerrillas, paramilitares y agentes del Estado, dejando un saldo de alrededor de 260.000 muertos, 45.000 desaparecidos y 6,9 millones de desplazados.∫
