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Por Lissy de Abreu/Florence Panoussian
Bogotá/San José de Oriente/AFP
Las FARC, principal guerrilla de Colombia, comienza este miércoles el proceso de dejación de armas, punto esencial del acuerdo de paz firmado con el gobierno para acabar medio siglo de confrontación.
«Es un día histórico para el país», escribió en Twitter el presidente Juan Manuel Santos, mientras arrancaba el desarme de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas) en las zonas donde se preparan para volver a la vida civil.
El jefe máximo de las FARC, Rodrigo Londoño («Timochenko»), celebró también en la red social que se dé «un paso más hacia la paz».
Alzadas contra el Estado en 1964, las FARC contabilizaron casi 7.000 combatientes al ingresar a los 26 sitios convenidos.
El acuerdo de paz, sellado en noviembre tras cuatro años de negociaciones en Cuba, establece que los rebeldes depongan las armas en 180 días a partir del 1 de diciembre, o «Día D», en un proceso supervisado por Naciones Unidas.
Según el cronograma pactado, la recolección de armas se hace «en tres fases»: en D+90 se entrega 30%; en D+120, otro 30%; y en D+150, el 40% restante, para terminar «a más tardar» el día D+180.
Pero antes de la primera etapa, debían cumplirse pasos previos: registro de las armas, destrucción del armamento inestable (explosivos, minas) y almacenamiento de las armas de acompañamiento (pesadas).
Esto se retrasó por problemas logísticos en la agrupación de la guerrilla, que debía haber finalizado el 31 de diciembre y recién se completó el 18 de febrero.
Aún así, las partes coincidieron en iniciar el proceso este miércoles, sin modificar el límite de 180 días.
«Con toda la disposición»
En la zona de concentración de las FARC en San José de Oriente, a 30 minutos de la ciudad de Valledupar (norte), la guerrillera Adriana Cabarrus dijo a AFP que aún no saben «a qué hora van a llegar los encargados de registrar las armas», pero que dan este paso «con toda la disposición y buen ánimo».
«Nuestra preocupación primera es nuestras necesidades: las construcciones están atrasadas, los baños no terminados, ni el comedor ni la cocina», comentó Cabarrus, con un constante ruido de motosierras de fondo y mientras van y vienen -por el polvoriento camino que une la zona con Valledupar- camiones con material de construcción.
Pese al retraso, Maritza González, de 54 años y guerrillera desde los 14, está esperanzada. «Estoy dejando el fusil por la escoba», dijo esta indígena wayuu.
La ONU, que destinó 450 observadores internacionales para esta misión, saludó el martes en un comunicado «el consenso de las partes de iniciar sin más demora el proceso de dejación de armas».
El «almacenamiento gradual» en contenedores se iniciará con la recepción de las armas de los 322 miembros de las FARC que integran el Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV), ente tripartito (guerrilla, gobierno y ONU) que debe controlar el cese al fuego.
¿Entrega «más vistosa»?
El registro y entrega de armas se coordinará en esta fase solo entre ONU y FARC, con el organismo multilateral como garante de lo que «está ocurriendo», dijo este miércoles a Blu Radio el Alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo.
«Cuando ya estemos en la última fase de la dejación, (es posible que) se haga una cosa más vistosa, porque yo creo que eso le conviene a todo el mundo: que los colombianos vean que esto realmente terminó, que las armas fueron entregadas», explicó.
El presidente Santos, que recibió el Nobel de Paz por sus esfuerzos de pacificación, a los que aún debe sumarse el Ejército de Liberación Nacional (ELN), última guerrilla activa, dijo la víspera que «el país entró en una etapa irreversible de consolidación de la paz».
Así, anunció el lanzamiento de programas para el posconflicto, algunos contemplados en el pacto con las FARC, como planes especiales de desarrollo en municipios golpeados por el conflicto.
Además, el gobierno ha informado de otros avances en la aplicación de la paz: como los 1.200 guerrilleros que podrán recibir amnistías esta misma semana o la discusión final en el Congreso la semana próxima de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que según lo pactado juzgará los delitos cometidos en más de medio siglo de confrontación.
