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Por Rodrigo Almonacid
Bogotá/AFP
Colombia siente el «duro» impacto del paro camionero de más de un mes en su economía, consideraron representantes del gobierno y del comercio, en tanto el presidente Juan Manuel Santos llamó a salvaguardar la «seguridad alimentaria».
«Seguridad alimentaria del país no puede estar en riesgo. Con 13.000 soldados protegemos transporte de víveres», escribió Santos en Twitter, en respuesta a un mensaje del ministerio de Defensa que aseveraba que «la seguridad de los transportadores» está siendo garantizada.
Con la militarización de las vías, en las que fueron desplegados 23.000 soldados y policías, el gobierno busca asegurar el abastecimiento y evitar actos violentos, tras recientes choques de manifestantes y fuerza pública, que dejan un muerto y varios heridos, entre ellos un gobernador.
El paro, que se inició el 7 de junio, busca la puesta en marcha efectiva de un fondo de chatarrización, programas sociales para los conductores, seguridad en las vías, baja en el costo de peajes y combustibles.
«Lo único que necesitamos nosotros es que nos dé nuestra protección de poder reemplazar vehículo por vehículo (con el plan de chatarrización) y poder legalizar el plano laboral de la gente. Es la base de este paro», explicó a la AFP Edy Ruiz, uno de los manifestantes.
Según la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar), que reúne a 140 empresas que movilizan 70% de la carga en el país, en Colombia hay unos 280.000 de estos vehículos, de los cuales unos 54.000 están en paro.
Peticiones «no son sensatas»
La ministra de Comercio, María Claudia Lacouture, advirtió sobre las consecuencias de la protesta. «Es un impacto duro que está pegando ya en la economía», declaró a Caracol Radio.
Añadió que el gobierno no accede a las peticiones de los camioneros, entre ellos una tabla de precios de fletes, porque «no son sensatas» y «serán mucho peor para los consumidores», pues encarecerían los productos.
Lacouture propuso instaurar un «sistema financiero que establezca unos costos eficientes», aunque afirmó que no ha recibido «ninguna respuesta positiva» de los transportadores, con quienes el gobierno reanudó este miércoles las negociaciones luego de suspenderlas la víspera luego de que el gobernador del departamento de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, fuera lesionado.
El mandatario regional iba a una reunión con transportistas cuando su caravana sufrió un accidente, que aún es investigado y que según las autoridades pudo ser causado por la acción violenta de los manifestantes.
Ese hecho marcó el aumento de la violencia en la protesta, que se venía desarrollando en relativa calma en las semanas anteriores, aunque según el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, ha dejado ya 18 policías heridos, 75 capturas y más de 100 vehículos afectados.
«No se puede movilizar nada»
Para la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), principal agremiación del sector, el comercio es uno de los «grandes perjudicados» por el paro. Su presidente, Guillermo Botero, dijo a la AFP que, según estimaciones, las pérdidas en todos los sectores superan los 343 millones de dólares.
En Boyacá (centro), una de las despensas de Colombia, y donde el martes murió un manifestante, «no se puede movilizar nada», afirmó. También destacó la situación «crítica» en Nariño (suroeste), debido a que «no hay combustible».
En ese departamento, uno de los más afectados, el gobierno puso en marcha un plan especial para asegurar la distribución de insumos.
«Ya está lista la solicitud de importación de 300.000 galones (de ACPM, petrodiésel) desde Ecuador», anunció el gobernador Camilo Romero.
Botero indicó que en Antioquia (noroeste), también productor de alimentos, hay dificultades para el arribo de mercancía. El dirigente llamó la atención por la situación en todo el país de los sectores lácteo, avícola, azucarero, arrocero y de alimentos procesados.
Como una postal de la situación, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, capital de Antioquia y donde este miércoles juega Atlético Nacional con Sao Paulo de Brasil la semifinal de la Copa Libertadores, se podía leer en un puesto de alimentos el siguiente letrero: «Por paro camionero azúcar costoso, se incrementa valor a los jugos. Se levanta el paro y todo a la normalidad».
En esa misma región, pequeños productores están perdiendo unos 65.000 litros diarios de leche por no tener como transportarlos, según dijeron a la AFP.
«Entre los sectores agropecuarios los más afectados son los perecederos», confirmó Rafael Mejía, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, quien también advirtió que está en riesgo «la cosecha grande de arroz en los llanos», que debería comenzar a salir esta semana.
Santos endurece sanciones
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, endureció este jueves las medidas para enfrentar el paro camionero, que lleva 38 días y ha causado desabastecimiento y alza de precios, y duplicó el número de miembros de la fuerza pública para garantizar la seguridad en las vías.
Los transportadores «no pueden ir en contra de la gran mayoría de los colombianos, de la canasta familiar, del bolsillo de las familias, del normal abastecimiento de alimentos, del empleo, del trabajo decente y de la actividad de campesinos e industriales», dijo Santos en una declaración televisada desde la Casa de Nariño, la sede presidencial.
El mandatario dijo que 50.000 efectivos de la fuerza pública custodiarán las carreteras y acompañarán a los transportistas que no se adhieran al paro, un aumento de 27.000 hombres con respecto a lo dispuesto anteriormente por las autoridades.
Santos dijo que no tolerará actos violentos como expresiones de protesta, tras los choques esta semana entre manifestantes y policías, que dejaron un muerto y varios heridos. Entre los lesionados está Carlos Andrés Amaya, gobernador del departamento central de Boyacá, una de las despensas del país y con mayor alteración del orden público y del transporte.
El gobierno cancelará además las licencias de conducción y operación de los conductores, propietarios y empresas que participen en los bloqueos e impondrá a estas últimas multas de hasta 480 millones de pesos (unos 163.000 dólares). También permitirá «temporalmente» el transporte de carga a vehículos particulares.
