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Bogotá / AFP
Los colombianos votaron el domingo en consulta que pretende endurecer el castigo a los políticos y empresas corruptas que contratan con el Estado, tras la renuencia del Congreso a promulgar normas más estrictas contra estas prácticas.
Unos 36 millones de electores fueron convocados de manera voluntaria a pronunciarse contra la corrupción, cuando todavía no termina el escándalo por le red de sobornos a políticos que extendió la constructora brasileña Odebrecht por toda la región.
La iniciativa, que antes deberá vencer la abstención en las urnas, que históricamente ha rondado el 50%, incluye siete propuestas que aspiran a convertirse en mandatos anticorrupción.
«Esta es una jornada muy importante, donde hemos votado para expresar nuestro rechazo a la corrupción. No es una causa de color político, ni una causa ideológica, es el compromiso de todo un país», dijo el presidente Iván Duque desde la Plaza de Bolívar de Bogotá.
El mecanismo promovido por la senadora y dirigente del opositor Partido Verde, Claudia López, contiene mandatos que van desde el recorte de salarios de altos funcionarios, incluidos congresistas, hasta la eliminación del beneficio de casa por cárcel y el embargo de bienes a condenados.
Además, propone restringir el derecho a la reelección de cargos de votación popular (salvo la de presidente, que ya fue derogada) y obligar a los parlamentarios a rendir cuentas y hacer público su patrimonio.
Los colombianos pueden con su voto «darle una orden al Congreso de la República» para que «en máximo un año aprueben las normas o de lo contrario, el presidente Duque las podrá expedir por decreto», dijo López a la radio.
Aunque está enfocada principalmente en el castigo a funcionarios públicos, la iniciativa también busca transparentar la contratación con el Estado y prohibir que empresas condenadas por sobornos u otras prácticas de corrupción puedan tener tratos con el sector público.
Para su aprobación, la consulta deberá reunir al menos 12,1 millones de votos (la tercera parte del censo electoral).
Una vez alcanzando el umbral, cada pregunta requiere unos seis millones de apoyos para convertirse en mandato.
Según los cálculos «más conservadores», Colombia perdió el 4% del PIB por corrupción entre 1991 y 2011, un promedio de nueve billones de pesos por año (casi 3.000 millones de dólares al cambio actual), de acuerdo con un estudio de la Universidad Externado.
A pesar de que tiene el respaldo del presidente Duque, la propuesta se ha enfrentado a las reservas del partido en el poder, empezando por las de su máximo líder, el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), quien prefiere apoyar los proyectos anticorrupción de su bancada.
