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Comentarios urgentes
Los cambios de titulares en Seguridad Pública (Ministerio de Seguridad y Policía Nacional Civil), recipe realizados la semana pasada por el Presidente Salvador Sánchez Cerén, ameritan algunos comentarios urgentes.
En primer lugar, el gobierno debe evitar rotaciones de funcionarios que se conviertan en “ruedas de caballitos. No significa mayores cambios que el subdirector de la Policía pase a director, el director vaya como ministro de Seguridad y el ministro quede como asesor presidencial en esa misma materia.
Lo que sí existe es el riesgo de “policializar” la seguridad pública, colocando a policías de carrera al frente del Ministerio de Justicia y Seguridad. Se corre el peligro de enfatizar en el aspecto policial y perder de vista la integralidad de las políticas de seguridad pública que manda equilibrar prevención, represión, reinserción y atención a las víctimas de la violencia.
Un cambio más real implicaría una reestructuración profunda del gabinete de Seguridad. Esto incluye también una evaluación seria del desempeño del comisionado presidencial para la Seguridad y del funcionamiento del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia.
En segundo lugar, más que cambiar a los funcionarios se trata de revisar las políticas, plantes y programas de seguridad a partir de los resultados obtenidos. En tal sentido, es necesaria la integralidad de las políticas de seguridad y que la estrategia de control y persecución penal no sea sólo contra las pandillas, que son el eslabón más bajo de la criminalidad.
La coerción y represión debe golpear fuerte al crimen organizado que utiliza a las pandillas para el narco-menudeo, los proveedores de armas y los políticos que están detrás de la maniobra del caos a través de la violencia. La inteligencia policial y militar debería obtener mejores resultados en esta crucial tarea.
En tercer lugar, la seguridad no es trabajo sólo del Ejecutivo: la Fiscalía es responsable de perseguir los delitos, el Sistema Judicial debe evitar la impunidad, la Asamblea Legislativa reforma leyes y las alcaldías tiene que apoyar los esfuerzos territoriales.
Y en cuarto lugar, la falta de recursos es el principal obstáculo. Las posibilidades de financiamiento para la seguridad chocan con el boicot financiero de la derecha oligárquica que busca asfixiar presupuestariamente al gobierno: ARENA no aprueba medidas tributarias ni préstamos, grandes empresarios evaden impuestos y la Sala Constitucional congela la emisión de bonos.
Para desmontar esta perversa estrategia, el gobierno debería buscar una alianza con todas las organizaciones progresistas, sectores democráticos y población decente.
