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Gabriela Sandoval
@Garbriela_Sxndo
El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) y la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDEHC) presentaron una denuncia ante la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH) por los desalojos de comerciantes en la Costa del Sol.
Marisela Ramírez de BRP comentó que la PDDH debe asumir su papel como “defensora del pueblo”. “No vemos una figura que esté abogando para que se pueda llevar a cabo la libertad del ejercicio de estos derechos”, afirmó.
Por su parte, el abogado Rudy Joya, de UNIDEHC, solicitó a la procuradora general Raquel Caballero de Guevara que investigue los desalojos que dejaron a 25 comerciantes sin sus negocios.
“Fueron desalojados arbitrariamente hace una semana de la Costa del Sol (…) venimos especialmente para que la Procuradora de Derechos Humanos active sus oficios y las diligencias correspondientes para resarcir los daños y derechos humanos vulnerados a todas estas familias y comerciantes”, expresó Joya.
María Consuelo, una de las afectadas, recalcó que desde el día del desalojo y quema de sus puestos, las autoridades no han ofrecido ningún tipo de remuneración por los daños económicos y psicológicos.
“Estamos pidiendo que nos respondan por los daños causados (…) por ahora no han llegado a decirnos nada desde el viernes 10 de mayo, no ha llegado nadie a decirnos nada ni a decirnos que nos van a resolver por los daños causados tanto materiales como psicológicos”, dijo.
Joya subrayó la importancia de activar los mecanismos legales para defender los derechos de los ciudadanos. Además, exigió una investigación exhaustiva ya que hasta el momento a los comerciantes no se les ha brindado respuesta de cómo serán reubicados o indemnizados. “Hemos venido a activar los mecanismos de derechos humanos que todo ciudadano tiene para poder defender sus derechos y exigirle en este caso a la procuradora que actúe diligentemente”, enfatizó.
