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Gabriela Sandoval
@Gabriela_Sxdo
La Unidad de Defensa de los Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDEHC), junto con los comerciantes desalojados de la Costa del Sol, presentó un escrito al Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU) en el que exigen una explicación sobre por qué dicha institución alegó que los comerciantes contaminaban la playa donde se encontraban. Además, exigieron que los comerciantes sean indemnizados inmediatamente por los daños sufridos.
“El ISTU fue el que inició todo este proceso, fue el que puso la denuncia ambiental, diciendo y manifestando que los comerciantes estaban contaminando el sector, lo cual hasta el momento no se ha comprobado”, afirmó Rudy Joya, abogado y vocero de UNIDEHC.
El pasado 11 de mayo se le ordenó a la alcaldía de La Paz Centro desalojar a los comerciantes, propietarios de 59 ramadas ubicadas en la playa Costa del Sol, en La Paz. La comuna, en ese entonces dirigida por Armando Jirón, del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), actuó amparándose en una orden judicial emitida por el Juzgado Ambiental de San Salvador, la cual respondió a una denuncia del ISTU por supuesta contaminación ambiental de parte de los comerciantes.
En este sentido, del total de 59 comerciantes, Joya afirmó que fueron 25 los que presentaron el escrito al ISTU. Además, detalló que rondan los $10,000 lo que cada comerciante perdió por la quema de las ramadas.
“Son aproximadamente $10,000 lo que cada comerciante perdió a raíz de la quema desmesurada e ilegal que hicieron no solo de sus ramadas, sino que también de sus pertenencias, producto de las ventas que hacían, mesas, sillas, hamacas (…) es decir, todo un tema de responsabilidad patrimonial que ahora las autoridades y el Estado deben responder a estas familias”, dijo.
En el escrito que se presentó este martes, los comerciantes solicitaron al ISTU y a sus representantes que expliquen por qué se presentó la denuncia y qué tipo de acciones se tomarán para resarcir los daños causados.
Asimismo, pidieron una mesa de diálogo para reubicar inmediatamente a los comerciantes en espacios donde puedan seguir comercializando en el mismo sector anterior.
“El ISTU también puede aportar en el tema de que dentro del Centro Nacional de la Costa del Sol, que lo están remodelando, o siempre afuera, puedan dejar reubicar a los comerciantes para que puedan seguir vendiendo”, añadió Joya.
De igual manera, afirmó que los comerciantes solo cuentan con permisos otorgados por la municipalidad y no con los permisos medioambientales que el ISTU exigía en su momento.
“El tema de permisos medioambientales en toda la zona no existía; ni siquiera los hoteles ni los grandes hoteles que hay en la zona tienen permisos ambientales. Pero de parte de la alcaldía sí había permisos, e incluso hemos mostrado sus recibos. Han pagado hasta impuestos municipales”, puntualizó.
Por otra parte, Joya denunció que la alcaldía inventó un impuesto, el cual calificó de “absurdo”. Este impuesto fue llamado “piso de playa”, que se pagaba cada vacación y mensualmente.
Asimismo, comentó que anualmente cada comerciante pagaba un aproximado de $200 en impuestos a la municipalidad. “La alcaldía inventó un impuesto que, para mí, es totalmente absurdo. Era un impuesto llamado ‘piso de playa’. Nunca había escuchado en mi vida un impuesto de tal índole”, dijo.
“Obviamente, uno no puede cobrar a las personas por estar en la playa, ya que es un espacio público. En vez de buscarse algún impuesto de comercialización, el impuesto era denominado ‘piso de playa’ y las personas lo pagaban cada vacación”, explicó.
Joya también señaló que se malinterpretó la resolución y las medidas cautelares emitidas por el juzgado anteriormente, las cuales señalaban que era únicamente verificar los permisos de comerciantes y, si en caso no contaban con los permisos, suspender la actividad comercial. Según Joya, esta mala interpretación provocó el desalojo y quema de las ramadas de más de 50 comerciantes.
“Hubo una mala interpretación de otra resolución y medidas cautelares brindadas por dichos juzgados, lo que resultó en el desalojo arbitrario, incluso, en la destrucción y quema de las pertenencias de estos comerciantes”, comentó.
De acuerdo con el abogado, el escrito fue dirigido directamente al ISTU, ya que con el nuevo gobierno se desconoce si los encargados de la institución seguirán en sus respectivas funciones.
“No se sabe si algunos funcionarios van a seguir en sus funciones o nombrarán a alguien más. En ese sentido, nosotros hacemos la petición al ente jurídico, ya tendrá que responder quien esté a cargo en ese momento”, concluyó.
