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Alexander Pineda
@DiarioCoLatino
Como parte de un esfuerzo por proponer líneas de acción en contra del comercio ilícito, la Asociación de Distribuidores de El Salvador (ADES) organizó el foro “Comercio Ilícito y Organizaciones Criminales: Nuevos Desafíos para El Salvador”, la actividad tuvo por fin conocer la situación actual sobre contrabando, defraudación, receptación, uso de marcas ilegales, falsificación y adulteración de productos.
El presidente de ADES José Mayorga señaló, que el impacto del mercado ilícito a nivel mundial se situaría en al menos 625 mil millones de dólares por año; además subrayó que en la región centroamericana el contrabando y la defraudación aduanera generan un costo superior a los 5,580 millones de dólares, lo que representa aproximadamente un 4.5 % del Producto Interno Bruto regional.
Mayorga también mencionó que solo en El Salvador, las pérdidas a causa del comercio ilícito ascienden a mil millones de dólares al año. “En El Salvador, la cantidad de productos comercializados ilegalmente es tan elevada que es imposible cuantificarla, ejerciendo un impacto negativo en el sistema económico, productivo, legal y ciudadano, socavando la base tributaria, la reputación de la industria y las redes de distribución”, enfatizó.
Arturo Figueroa, expositor argentino explicó cómo el comercio irregular de un producto, como el cigarrillo, a gran escala puede llegar a constituir una fuente de financiamiento de grupos criminales.
“Es importante atacar el comercio ilícito, porque de esa manera se ataca el financiamiento de pandillas, para el caso específico de El Salvador; el desafío es coordinar el trabajo entre el Gobierno y las gremiales empresariales para desfinanciar a estas organizaciones criminales”, expresó y reconoció que el Gobierno actual parece “haber tomado conciencia” de la relación pandillas-tráfico ilícito.
La legislación y la judicialización del comercio ilícito son parte de los asuntos pendientes para contrarrestar el flagelo, señaló Figueroa. “El enfoque tiene que ser regulación, investigación, aplicación de la ley y cooperación con las fuerzas de seguridad, todo debe ser acompañado por el sector privado”, puntualizó.
La normalización del comercio ilícito es otro factor coadyuvante a la situación actual; la gremial indicó que existe una tendencia a aceptar la comercialización de productos sin la debida regulación, al ser estos ofertados sin la menor restricción de parte de las autoridades.
Como parte de las líneas de acción para contrarrestar el ilícito, la gremial propuso el fortalecimiento de la institucionalidad, el fomento de la transparencia financiera bancaria, y la articulación de esfuerzos estatales y privados a todo nivel.
