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@elder_gomez_2
Diputados que integran una Comisión de Antejuicio contra el General Atilio Benítez, acusado de un presunto delito de tráfico ilegal de armas de guerra, definirán este lunes su futuro jurídico.
Tras un desfile de testigos, que casi llegó a la veintena, y que a juicio del Fiscal Legislativo del caso, Lorenzo Rivas, “no vino a aportar mayor cosa”, los legisladores de la instancia especial decidirán si desafueran al ex Jefe Militar, aún embajador salvadoreño en Alemania, para que enfrente la Justicia.
Benítez enfrenta un proceso de antejuicio en el congreso salvadoreño, que busca encontrar indicios del supuesto delito que la Fiscalía le imputa y que habría sido cometido cuando el Jefe Militar fungió como Ministro de Defensa, en 2009.
De ser hallado culpable, Benítez sería procesado penalmente por tráfico ilegal de armas de guerra, aunque el ex jefe militar ha insistido en que es “inocente” de los cargos que la Fiscalía le imputa.
Benítez es investigado por la Fiscalía General de la República desde hace dos años por un presunto tráfico de armas de guerra que habría realizado cuando fungió como Ministro de Defensa, en 2009, con armamento sustraído de almacenes de la Fuerza Armada, que debía ser destruido.
Las armas habrían sido legalizadas mediante un Decreto Temporal y supuestamente vendidas por Benítez a funcionarios y ex funcionarios, según las pesquisas fiscales.
Sin embargo, Rivas aseguró que la “mayoría de testigos no vino a aportar mayor cosa, porque no habían tenido contacto con él (con Benítez), ni los documentos habían pasado por las manos del General Benítez”.
No obstante, el Fiscal Legislativo reveló que “hay algunos (testigos) que aportaron algunos elementos que son importantes para poder tener algunas dudas en cuanto a la inocencia de él (de Benítez)”.
“Pueden haber algunos elementos que lo pueden incriminar (a Benítez en el ilícito por el que es procesado legislativamente)”, dijo Rivas.
Al respecto, Rivas dijo que “llama la atención que solo para esas armas”, cinco que se encuentran en un Museo en el interior del Estado Mayor del ejército, hayan existido permisos de legalización extendidos por Benítez.
“Igual (las armas en el Museo) están a nombre de una persona, que era el Secretario Ejecutivo del ministerio (de Defensa) y que en su entrevista titubeó y no supo explicar si él, por mandato de Ley, era el indicado para tener esas armas a su nombre…”, recordó el parlamentario de GANA.
Rivas reveló que el Secretario Ejecutivo del Ministerio de Defensa, al que no identificó, “dijo que el General decidía si ponerlas (armas del Museo) a nombre de él o de otra persona…”.
“Otra de las situaciones (en las entrevistas de los testigos), es que un testigo manifestó de que al enterarse de las irregularidades que estaban dándose por parte del Director de Logística, el General Benítez lo designó a él durante tres meses para ir a pesquisarlo o a controlar (el supuesto tráfico de armas)”, indicó Rivas.
“Y efectivamente se pudo constatar las irregularidades… y (el designado por Benítez) rindió un informe verbal al General”.
“Es bien ilógico… no era lo adecuado hacer los informes verbales al General, sino que tuvo que haber sido por escrito”, reaccionó el legislador.
“Hay algunos elementos que hacen pensar de que puedo haber algo, para que sea una instancia judicial la que pueda decidir”, advirtió.
