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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto acordó aprobar una Ley de Amnistía Fiscal para que aquellos que se hayan retrasado en las obligaciones tributarias puedan pagar y evitar ser multados; también se asigna $5.8 millones al MOP para un programa de infraestructura de transporte y resiliencia en El Salvador.
Sobre la primera, se trata de una Ley Especial y Transitoria que otorga Facilidades para el Cumplimiento Voluntario de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y otras Multas, es decir una Ley de Amnistía para todos aquellos que se hayan retrasado en el pago de sus impuestos para así poder cancelarlos sin que se le imponga multas.
La medida se debe a que existe un segmento de sujetos pasivos que, por diversas circunstancias, se encuentran en procesos pendientes de resolver en materia tributaria.
Los parlamentarios recibieron al director general de Impuestos Internos, Marvin Sorto, y a la subdirectora de Inversión y Crédito Público, Delia Reyes Bonilla, ambos del Ministerio de Hacienda para explicar esta y las demás iniciativas.
Según Sorto, el plazo que solicitan para que se implemente la normativa es de 90 días calendario, a partir de la entrada en vigor del decreto, y podrán beneficiarse incluso aquellos contribuyentes que están en proceso de fiscalización, Unidad de Audiencias y Tasaciones (UAT), Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduanas (TAIIA), sede de la Fiscalía General de la República (FGR) y sede judicial.
Sorto sostuvo que la ley otorgará un plazo de nueve cuotas mensuales. La primera será un 10% de la deuda el día que se emita la resolución. “Estos procesos de amnistía van en beneficio de las grandes mayorías del pueblo salvadoreño que, por una u otra razón, no ha podido apegarse a un proceso para poder realizar sus pagos correspondientes en materia de impuestos”, afirmó.
Entre las solicitudes presentadas se encuentra la exoneración de recargos por intereses generados en las multas de tránsito.
“No estamos solicitando la exoneración de las multas de tránsito, el fisco de la República no tiene la facultad para poder eximir algo de esa naturaleza, pero sí las facultades legales de solicitar que se exonere de los recargos por intereses a las multas correspondientes que tengan en materia de red vial”, expuso Sorto.
Sobre este tema, el diputado oficialista, William Soriano, planteó que “si alguien tiene alguna multa de tránsito y no ha podido pagar las multas al Viceministerio de Transporte, este es el momento para que se apegue a este decreto y tendrá alrededor de 90 días para ello”.
Sorto indicó que a la amnistía de 2023 se acogieron más de 36 mil salvadoreños y se logró hacer una recaudación tributaria de más de $100 millones y el 57 % de esos ingresos correspondía a pequeños contribuyentes que decidieron apegarse al proceso.
Comisión acuerda asignar $5.8 Millones al MOP
Otro de los dictámenes aprobados fue una reforma a la Ley de Presupuesto 2024, para incorporar recursos al ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT) y destinar los fondos para financiar el “Proyecto de Transporte e Infraestructura Resiliente de El Salvador”.
De acuerdo con lo discutido en dicha mesa de labores, el monto que se adicionará corresponde a un total de $5,832,468 y son fondos provenientes de un acuerdo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
El monto es para ejecutar dos proyectos de inversión pública: Programa de infraestructura de transporte y resiliencia en El Salvador, por una cantidad de $5,345, 968 que servirán para financiar actividades relacionadas con el Plan de reasentamiento voluntario y el Programa de fortalecimiento institucional y unidad ejecutora, por $486,500.
Con dicho proyecto “se mejorará la conectividad vial del país, a través de infraestructuras de transporte resiliente, que facilite la movilización de personas y de carga”. Con ello, se potenciará una mayor dinamización de la actividad económica, especialmente en el área de influencia del proyecto, según se explicó en la mesa legislativa.
El préstamo con el BIRF fue autorizado por la Asamblea Legislativa, el 9 de enero de 2024, y busca facilitar el transporte de carga en la zona norte de El Salvador. Dentro de sus componentes está la construcción del bypass de Apopa, esto va en línea con el desarrollo del rubro vial.
Los distritos a intervenir son Ciudad Delgado, Tonacatepeque y Apopa, todos pertenecientes al departamento de San Salvador, y contempla la apertura de una nueva carretera de 4.8 kilómetros, que consta de cuatro carriles –dos por cada sentido-, diversas intersecciones con la red vial existente.
Además, se harán diferentes intervenciones en pasos subterráneos y elevados. Implica una construcción resiliente, con enfoque social y medioambiental para que la población de los referidos distritos tenga paradas de autobús, iluminación y señalización.
