Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Nuevamente, la Comisión Especial de Antejuicio contra el diputado del Parlamento Centroamericano, Norman Quijano sesionó este vierenes. En la jornada los diputados analizaron el ofrecimiento de los medios probatorios de las partes involucradas.
En la instancia legislativa se dio a conocer que la Procuraduría General de República (PGR) designó a la abogada Dora Margarita Ruiz de Guandique para que ejerza la defensa del diputado del PARLACEN, Norman Quijano, ya que el acusado no presentó defensa propia. La abogada pública afirmó que intentó por varios medios comunicarse con Quijano, sin embargo, no obtuvo respuesta por parte de él y por tal motivo se vio imposibilitada para presentar pruebas de descargo.
La diputada de Nuevas Ideas, Rebeca Santos, que funge como fiscal, pidió que se le solicite al Juzgado 5° de Instrucción de San Salvador la documentación incorporada de la causa procesal. Asimismo, solicitó que se remita a la instancia legislativa el extracto de los audios que relacionan el supuesto financiamiento de las onegés o Ministerios relacionados con el proyecto enfocado en los 10 municipios catalogados, en ese momento, como los más violentos de El Salvador.
Y en un atarrayazo, pidió también que se incorpore en el proceso un listado de personas con el fin de que comparezcan «en calidad de testigo» para rendir una declaración en cuanto a los hechos que le atañen a Quijano. Entre ellos mencionó: Paolo Luers, Ernesto Angulo Milla, Raúl Mijango, Miguel Ángel Simán, Mauricio Interiano, Nelson Valdez, Roberto Díaz Castillo y Ena Maricela Granados (perito de la FGR). Todos ellos fueron citados para miércoles y jueves de la próxima semana a fin de que brinden sus testimonios sobre su supuesta vinculación.
El diputado y fiscal Walter Coto afirmó que con la documentación se probará que se cumplan los elementos de pertinencia, eficiencia y legalidad de todas las pruebas para justificar los indicios de cometimiento de delitos. “Con las pruebas testimoniales se pretende comprobar cómo se establecieron los delitos y cuáles fueron los mecanismos que utilizaron para cometerlos”, enfatizó.
A Quijano se le atribuyen los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral, puesto que en el 2014, presuntamente, habría negociado con pandillas del país para obtener votos a favor cuando corrió por la presidencia, a cambio les daría ciertos beneficios.
Sin embargo, la defensa técnica se centró en solicitar la inadmisión de las peticiones hechas por la representación fiscal. Sin embargo, la comisión especial decidió que se solicitaran al juez los recursos.
La comisión especial de antejuicio acordó solicitar al Juzgado 5° de Instrucción de San Salvador la certificación de la documentación que se encuentra incorporada en la causa judicial, así mismo, se acordó solicitar a la Fiscalía General de la República el video de la reunión que sostuvo el denunciado con las pandillas. Siempre al Ministerio Público se va a requerir el extracto de los audios que se relacionan presuntamente al financiamiento de las ONG o Ministerios relacionados con el proyecto enfocado en los 10 municipios catalogados, en ese momento, como los más violentos de El Salvador.