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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Los diputados de la Comisión Especial para investigar las sistemáticas acciones irregulares del órgano Ejecutivo, afectando el tratamiento, prevención y combate de la pandemia, acordaron mandar a llamar por apremio a las ministras de Relaciones Exteriores y Turismo, Alexandra Hill Tinoco, y Morena Valdez, respectivamente, así como a la directora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Mónica Ayala y a representantes del Foro Nacional de Salud y la Dirección Nacional de Medicamentos para que expliquen cómo han manejado la pandemia en sus instituciones gubernamentales.
“Se le solicitó a la Policía Nacional Civil (PNC) que acompañe a la ministra de Turismo, a la canciller de la República y a la directora del ISSS en vistas de que ellas no han querido acudir a la comisión especial”, señaló el diputado Emilio Corea, presidente de la instancia legislativa. Las funcionarias tendrán que comparecer ante la comisión el próximo 18 de enero.
Alexandra Hill Tinoco lleva más de tres llamados por parte de la comisión y siempre se excusó para no asistir; el día 9, 18 y 23 de noviembre más el 15 de diciembre del 2020. Morena Valdez -ministra de Turismo- se le citó el 8 y 21 de diciembre, y ambas oportunidades se excusó argumentando que se preparaba para un torneo de surf que se iba a realizar en el país.
A Mónica Ayala -directora del ISSS- se le citó y manifestó que no tenía tiempo para atender la convocatoria sino hasta el 19 de enero. Emilio Corea expresó que los llamados a las comisiones especiales son de carácter obligatorio.
Se ha conocido, que si el presidente de la República, Nayib Bukele, no autoriza la comparecencia de alguno de sus funcionarios, estos no acuden a la Asamblea Legislativa.
“El objetivo de esto no es hacer un circo romano, nosotros vamos a mandarle la nota a Mauricio Arriaza Chicas y también a cada funcionario”, comentó Corea. Lo que se pretende al citar a estos funcionarios es “ir cerrando la comisión especial”.
A la ministra Valdez la cuestionará sobre los centros de contención que utilizó el Gobierno para retener personas que incumplieron el confinamiento, así como el procedimiento que se hizo para contratar dichos centros, y resalta un caso en particular, el de un primo del ministro de Salud, Francisco Alabí, quien confirmó el martes pasado que sí tiene parentesco familiar, sobre José Ángel Montoya Quiñónez, que fue contratado por 12,000 dólares mensuales para alquilar su vivienda para que funcionara como centro de contención pero que al final nunca llegaron persona según la comisión especial.
Por su parte, a la directora del ISSS le solicitan que explique cómo piensa devolver a la población los 25 millones de dólares que se tomaron del Seguro Social para dárselos al Ministerio de Salud, ya que no se conoce una forma como compensar ese dinero.
Y en el caso de la canciller se le cuestionará sobre cómo se ha manejado el tema de los varados, que aún hay muchos salvadoreños que no han podido ingresar al país porque no han tenido la ayuda por parte del Gobierno
