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@RosmeriAlfaro
Al igual que varias organizaciones sociales, la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Persona con Discapacidad de la Asamblea Legislativa, se pronunció por el proceso judicial contra clientes de una red de Trata de Personas.
Cuatro fueron los procesados, recientemente por el delito de remuneración por actos sexuales o eróticos con menores de edad, entre ellos el empresario Ernesto Regalado y Maximiliano González, (“el Gordo Max”).
Ante este caso, la Comisión expuso que es urgente poner fin a la trata de personas y a todas las formas de explotación sexual.
“La trata de personas es un delito que viola gravemente los derechos humanos de toda persona afectada, especialmente en niñas, niños, adolescentes y mujeres, produciendo efectos degradantes para la dignidad, salud física y mental de las personas”, indicaron.
La diputada Karina Sosa exhortó al Órgano Judicial que es quien tiene el proceso, se apegue a la ley y actúe en defensa de los derechos humanos de las víctimas que en este caso son niñas y adolescentes.
Asimismo, pidió específicamente a la Fiscalía General de la República, que si bien dio un paso significativo al iniciar este proceso, a que siga contribuyendo a que estos casos se resuelvan y se exija por igual a todos los culpables, no solo a una parte, ayudando así a que exista un mayor respeto de la niñez y adolescencia.
De igual manera, se pronunciaron ante lo divulgado en los medios de comunicación, de personas vinculadas a explotación y utilización de menores de edad en el comercio sexual.
La procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos Raquel Caballero, también se pronunció hace algunos días sobre el manejo de los medios de comunicación de estos casos.
“En relación a los derechos de las víctimas, es importante cambiar el manejo que los medios de comunicación han realizado para evitar potenciar la vulnerabilidad de las presuntas víctimas, poner en riesgo sus vidas e integridad, entorpecer la investigación, y generar impunidad”, dijo. Los diputados de la Comisión hicieron un llamado, a la sociedad en general, a garantizar la protección integral de las niñas, niños y adolescentes denunciando cualquier tipo de abuso, explotación a personas menores de edad en cualquier modalidad que se detecte. Para el Colectivo feminista de mujeres, quien se pronunció recientemente ante este caso, la red de clientes en mención incluye a gente con poder político, económico y mediático.
El Colectivo aseguró que la explotación de menores, no es un hecho aislado en El Salvador, al contrario es “muy amplio y tolerado”, por lo que es importante que la justicia asuma un compromiso para esclarecer responsabilidades.
