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Rebeca Henríquez
@RebeHenriquez
Como parte de la conmemoración de los 31 años de la firma de los Acuerdos de Paz, la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro-Memoria Histórica de El Salvador señaló al Gobierno de Nayib Bukele de ser la administración que más ha deteriorado la institucionalidad iniciada el 16 de enero de 1992, y que pretendió en su momento dar paso a la democracia, y un mayor control sobre la actuación del estado e instaron a rememorar la fecha que se está perdiendo por las “malas políticas”.
“Creemos que esos acuerdos marcaron un antes y un después de este país. No eran la solución total de la problemática de nuestro pueblo, pero si era un verdadero punto de partida a una situación más democrática para alcanzar los anhelos del pueblo. Hay que hacer una diferenciación del espíritu de los acuerdos que está en el documento y lo que han venido haciendo los gobiernos”, externó Vicente Cuchillas, integrante de la organización defensora de los Derechos Humanos.
Según Cuchillas, todos los Gobiernos posteriores a la firma de los acuerdos no fueron “fieles” al cumplimiento de cada uno de los elementos estipulados, y poco a poco hubo un abandono al cumplimiento en materia de derechos humano, economía, seguridad, oportunidades para la población salvadoreña y la justicia para los crímenes cometidos en el conflicto.
La organización aseguró que la guerra fue producto de la violación de los derechos humanos, sociales, económicos y políticos del pueblo, y en respuesta de los gobiernos militares fue la represión, a través del aparato militar conformado por los diferentes cuerpos de seguridad y grupos paramilitares que iniciaron “una serie de actos para atemorizar” a la población sin oportunidad de que el pueblo tuviera respuesta a sus demandas.
En ese sentido, con la firma de los Acuerdos de Paz, las esperanzas llegaron al pueblo salvadoreño, entre ellas, las víctimas y sus familiares del conflicto armado, quienes consideraron urgente su finalización.
“Como organizaciones de víctimas y como víctimas directas enfatizamos al Órgano Ejecutivo que la firma de los Acuerdos de Paz marcó un precedente, porque era un sueño anhelado el callar de los fusiles para las personas que anduvimos entre las balas que sonaban, y anduvimos salvaguardando nuestras vidas, que en su momento éramos niños en un conflicto armado que nosotros no decidimos, no escogimos, pero nos tocó vivirlo. Hacerle conocer a los órganos del Estado, y a quienes tengan duda, que para nosotros fue una gran alegría los Acuerdos de Paz”, enfatizó María Rivas, víctima del conflicto armado.
La comisión señaló que el gobierno del Nayib Bukele dijo que daría “una nueva realidad” al pueblo, en su discurso electoral, pero actualmente, en la práctica es la administración que más está destruyendo los aspectos centrales de lo que se consiguió hace 31 años en el Castillo de Chapultepec, por lo que aseguraron que la “débil” democracia atente contra las posiciones del movimiento sociales, medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos.
La organización pro derechos humanos instó al Gobierno a que asuma con responsabilidad la herencia con compromiso de los gobiernos anteriores que cumplieron con este compromiso, con apoyo a las víctimas y familiares a través del fortalecimiento de la democracia, el reconocimiento de los acuerdos de paz, que muestre apoyo a la ley de justicia transicional y a la solicitud efectuada para la protección de los derechos humanos, incluyendo tratados internacionales.
