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Redacción Nacionales
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Diferentes colectivos de la sociedad civil fueron recibidos este jueves en la comisión ad hoc que estudia el anteproyecto de la Ley de Recursos Hídricos para que dieran sus observaciones a la ley presentada por el Ejecutivo. Entre las instituciones que llegaron fueron: la iglesia católica, la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua y el Foro Nacional del Agua.
La iglesia católica expuso tres puntos: “la participación ciudadana, la autorización del uso del agua a otorgar según la ley en estudio, y la necesidad del saneamiento», apuntó el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas.
Junto a la iglesia, le acompañó Danilo Pérez, del Centro para la Defensa del Consumidor, indicó que es importante incorporar un capítulo completo sobre el saneamiento, tomando en cuenta los niveles de contaminación en las cuencas superficiales y subterráneas en El Salvador.
Los de la Alianza Contra la Privatización del Agua recalcó lo importante que es el poder garantizar la sustentabilidad del agua, ya que el recurso hídrico no debe ser explotado para las futuras generaciones. Dijeron que existe una lucha de larga data para tener una ley del agua, y ha habido una crisis.
Las juntas de agua y las municipalidades son importantes para garantizarle a la población el derecho al vital líquido, añadieron.
También, el Foro del Agua compareció a la comisión y consideró «positivo» que en la propuesta se haya incorporado el concepto de derecho humano al agua. Ya que «hasta la fecha, el agua ha sido visto como un recurso utilizado en el mercado para la producción y no como un bien natural que garantiza y que sostiene la vida humana», expresó Ariela González, representante del Foro.
Las organizaciones de la sociedad civil en concreto piden una ley de aguas que contempla los 5 puntos no negociables.
1- El agua es un bien público. Es un bien natural que es de todos y no debe ser sujeto a privatización ni a que su gestión sea decidida por sectores privados para su enriquecimiento.
2- Derecho Humano al Agua y Saneamiento. Toda la población tiene derecho a tener agua en cantidad y calidad suficiente para tener una vida digna y que sus aguas residuales sean tratadas para no contaminar el ambiente.
3- Su gestión pública con participación efectiva de la población. Es el Estado quien debe manejar el agua junto con la participación comunitaria, pues desde esa forma de gestión no se busca el lucro, sino el beneficio de las mayorías.
4- La gestión sustentable de las cuencas hidrográficas. El agua no nace del chorro, nace de los ecosistemas y, por tanto, deben ser estos los que se protejan, conserven y restauren de cara a garantizar el agua para toda la población, a las próximas generaciones y a todas las especies.
5- Régimen económico y financiero, justo y equitativo. Con el agua debe darse prioridad a los usos más importantes como el agua para consumo humano y doméstico, pero entre estos el cobro debe ser justo y acorde al fin que se le dé a este bien natural.
Los diputados de la comisión especial dieron su visto bueno ante los insumos otorgados por los diferentes representantes de la sociedad civil, también afirmaron que tomarán en cuenta todo lo expuesto por los representantes.
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