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Redacción Nacionales
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El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, anunció que retomarán el trabajo de la Comisión Especial que investiga el pago de sobresueldos, antes de que termine esta legislatura, como comisión se podría elaborar un informe el cual podría ser enviado a la Fiscalía General de la República.
Previo a la plenaria de este miércoles, el presidente Castro dijo ante los medios de comunicación que en los primeros meses del año se pausó el tema debido a los procesos electorales que El Salvador celebra. Sin embargo, dijo que los diputados que conforman dicha comisión han trabajado en recopilar la información necesaria.
“Ahorita, todos sabemos que estamos en temas de elecciones, nosotros también decidimos que estos primeros tres meses del año, no meter ese tema ahorita para que después no estuvieran diciendo de que había persecución política o que eran temas políticos los que queríamos impulsar”, comentó Castro.
La Comisión Especial que investiga el pago de sobresueldos se creó en julio de 2021, con el fin de investigar el pago de estos a funcionarios durante los últimos 30 años; pero excluyendo a aquellos que forman o formaron parte del actual gobierno, así como a los familiares de los diputados. Dicha comisión dejó de sesionar hace dos años, en febrero de 2022.
“Antes del último día de abril, tenemos que dejar cerrado ese tema que nosotros iniciamos”, comentó Castro. Por lo cual, después de las elecciones a concejos municipales y Parlamento Centroamericano puede que se estudie, nuevamente el tema.
Los diputados que integran la junta especial son: Jorge Castro (presidente – NI), Raúl Castillo (secretario – NI), Rebeca Santos (relatora – NI), Walter Coto (NI), William Soriano (NI), Marcela Pineda (NI), Juan Carlos Mendoza (GANA) y Rosa Romero, por ARENA.
Esta instancia Legislativa podría emitir un informe similar al que elaboró la Comisión Especial que investigó los fondos otorgados a Organizaciones No Gubernamentales; presuntamente, se recopiló y analizó información sobre los mecanismos que utilizaban las pasadas legislaturas para asignar fondos públicos a asociaciones y organizaciones sin fines de lucro. Toda esa información se dejó en la Fiscalía General de la República para que esta entidad iniciara con las investigaciones.
