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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
El Departamento de Estado de los Estados Unidos informó que tres comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública han sido añadidos a la Lista Engel “por socavar los procesos o instituciones democráticas al bloquear a propósito e injustamente el acceso a la información pública”.
El Salvador vuelve a destacar por ser parte del Informe de Actores Corruptos y Antidemocráticos, sección 353, de los Estados Unidos, al incluir a los comisionados del IAIP Ricardo Gómez (presidente), Andrés Grégori Rodríguez y Gerardo Guerrero. Estados Unidos los señala de ”socavar procesos o instituciones democráticas al bloquear deliberada e injustamente el acceso a la información pública a través de su posición como comisionados”.
El informe divulgado por el gobierno de los Estados Unidos señala que las personas incluidas en el listado habrían cometido “acciones que socavan los procesos o instituciones democráticos”, asimismo los relaciona con prácticas a favor de la corrupción.
Según la Sección 353, las personas extranjeras identificadas en el informe presentado al Congreso generalmente no son elegibles para visas ni admisión a los Estados Unidos y cualquier visa vigente será revocada y cualquier otra visa válida o documentación de entrada cancelada. De conformidad con la Sección 353(g).
Es de contextualizar que el Instituto de Acceso a la Información Pública (LAIP) ha sido acusado por organizaciones de la sociedad civil de fomentar la opacidad sobre el mandato del presidente de la República, Nayib Bukele.
El IAIP ha sido el principal promotor de ocultar la información pública, cuando este, es el garante de la información que deben saber los salvadoreños.
Estos comisionados se suman a los tachados en años anteriores como José Miguel Antonio Menéndez Avelar “Mecafe”, Carlos Alberto Ortiz, Carlos Enrique Cruz Arana, Jolman Alexander Ayala, los ex presidentes, Salvador Sanches Cerén, Mauricio Funes, el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara; el exministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, el exministro de Agricultura, Pablo Anliker; el exasesor jurídico, Javier Argueta, el actual secretario de Prensa de la Presidencia, Ernesto Sanabria, el director de Centros Penales, Osiris Luna; y el ministro de Trabajo, Rolando Castro, el secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro.
De igual forma, los magistrados impuestos de la Sala de lo Constitucional también fueron incluidos en la Lista Engel en septiembre de 2021. Óscar Alberto López Jerez, presidente de la Corte, y Elsy Dueñas Lovos, José Ángel Pérez Chacón, Luis Javier Suárez Magaña y Héctor Nahum Martínez, son los funcionarios judiciales que EEUU los señala de socavar la democracia y violación del debido proceso.
Acción Ciudadana, quien ha dado seguimiento al desempeño del IAIP, dijo hace un par de meses que hay graves retrocesos en materia de transparencia en El Salvador. “El desempeño observado en el Instituto de Acceso a la Información Pública en el cumplimiento de sus obligaciones legales representa un grave riesgo para la prevención y combate a la corrupción puesto que se aprecia una disminución significativa en la cantidad de casos resueltos, y una amplia reducción de las resoluciones emitidas a favor del ciudadano a la vez que se han incrementado correlativamente los casos rechazados en el examen inicial del expediente, en beneficio de las autoridades que deniegan el acceso a la información.
Asimismo, se advierte la dilación del análisis de los casos, lo que desvela la omisión de criterios objetivos en la selección de los casos que se conocen, por tales razones, Acción Ciudadana coloca una bandera roja por los riesgos observados en la labor del IAIP como mecanismo de prevención y combate de la corrupción.
Acción Ciudadana sostuvo que desde 2021 se observa que los casos resueltos en favor de la ciudadanía disminuyen drásticamente y los plazos de resolución de los procesos conocidos por el IAIP tienden a ser más largos que en años anteriores. Se evidencia que el IAIP ha incrementado los rechazos de las apelaciones en la etapa de admisión.
La carga laboral de 2019 fue de 732 casos, resolviendo 411 casos. 56% de los casos fueron resueltos en 2019. La carga laboral de 2020 fue de 792 casos, resolviendo 499 casos, 63% de los casos fueron resueltos en 2020. La carga laboral de 2021 fue de 559. casos, resolviendo 348 casos. 62% de los casos fueron resueltos en el año 2021. La carga laboral de 2022 fue de 248 casos, resolviendo apenas 40 casos. 37% de los casos han sido resueltos hasta la fecha.
