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@RosmeriAlfaro
La promoción de la justicia y la prevención del delito fue una de las temáticas analizadas en el foro del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), desarrollado en el país.
En el foro, las comisiones de seguridad ciudadana abordaron las experiencias de los países latinoamericanos en relación con la
delincuencia, narcotráfico y la trata de personas.
El presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad y diputado del PCN, José Antonio Almendáriz, aseguró que la reunión sería de mucho beneficio para El Salvador por el intercambio de experiencias de países que tienen bien normada la prevención.
“En materia de tráfico ilegal de personas y narcoactividad los más beneficiados serán los que vienen a escuchar nuestras experiencias, porque son en los que el país está más emproblemado. En prevención, si recibiremos cátedra”, dijo el diputado.
Asimismo, se analizó el Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales del Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales (PIFJ) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que asiste a los poderes judiciales de América.
El servicio busca fortalecer mecanismos de prevención y resolución alternativa de conflictos, entre los habitantes de la sociedad,
particularmente en los sectores en condiciones de mayor vulnerabilidad.
Juan José Morales, gerente de facilitadores judiciales en El Salvador, indicó que este servicio inició a través de la OEA en Nicaragua, después de la finalización de la guerra civil. Luego se extendió a todos los países de Centroamérica y América del Sur. Por el momento están en los seis países centroamericanos, al igual que en Argentina y Paraguay.
Morales indicó que el programa consiste en una nueva manera de resolver conflictos y acceder a la justicia, de forma directa en las comunidades, con la participación de los facilitadores judiciales que ayudan de forma gratuita a todas las personas de la comunidad donde viven.
Además, busca promover una cultura de paz y seguridad ciudadana a través de entrenamientos a los jueces de paz y a las instituciones que tienen que ver con el acceso a la justicia como: la fiscalía, policía, alcaldías y otras instituciones que colaboran con el ISNA sobre los derechos de la niñez y la adolescencia, y temas de la mujer.
Según Morales, alrededor de 623 facilitadores judiciales son capacitados por los jueces de paz en 73 municipios, en 8 departamentos del país, entre ellos Chalatenango, San Miguel, Ahuachapán, Sonsonate, Santa Ana y San Salvador.
Con el objetivo de desarrollar conocimientos, competencias y habilidades en los operadores de la administración de justicia para
que dirijan el servicio, el PIFJ y la Universidad de El Salvador ofrecen el diplomado en Dirección del Servicio Nacional de
Facilitadores Judiciales. Hasta la fecha se han graduado 127 operadores de justicia y alrededor de 140 están recibiendo el segundo
diplomado. Además, están trabajando con la policía. “60 agentes están recibiendo un curso sobre policía comunitaria”, dijo Morales, y más de 30 mil personas han sido capacitadas en todas las comunidades del país.
“El trabajo del programa de facilitadores judiciales no es solo de mediar sino de acompañamiento y apoyo a las personas en los diferentes procesos que tienen las instituciones para acceder a la justicia”, expresó.
Morales indicó que la situación respecto al acceso a la justicia, es similar en toda la región centroamericana. “La diferencia es que en El Salvador hay más violencia”, aseguró.
El Salvador es uno de los países que implementa el Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales (SNFJ), al igual que Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Panamá y Argentina, en su objetivo de mejorar el acceso a la justicia de la población en condiciones de vulnerabilidad.
