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Quito/Prensa Latina
Un comité internacional busca devolver el estatus de asilado al exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas, quien permanece hoy en una cárcel de máxima seguridad donde aseguran que se viola la integridad del político.
El coordinador de ese comité, Sacha Llorenti, exsecretario general de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP), declaró al diario ecuatoriano El Universo que la iniciativa surgió ante la falta de resolución del caso en la justicia local.
Consideró que el exvicemandatario es un “rehén político” del gobierno de Daniel Noboa, a quien instan a permitir el ingreso a la prisión de representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para constatar el estado de salud de Glas.
El Estado ecuatoriano tiene responsabilidades internacionalmente asumidas ante el sistema interamericano por haber ratificado el Pacto de San José o la Convención Americana sobre Derechos Humanos, apuntó Llorenti.
En su opinión, el caso del exfuncionario, “secuestrado” durante el asalto a la embajada de México en Quito, el pasado 5 de abril, puede compararse con el del fundador de Wikileaks Julian Assange por las violaciones a sus derechos.
Solicitamos preservar la integridad física y la vida de Jorge Glas, garantizar que se le devuelva el estatus de asilado, que se le facilite un salvoconducto, y mientras, que el Gobierno de Noboa permita el ingreso de una misión de la CIDH, insistió el exdiplomático boliviano.
Rechazó la negativa de un habeas corpus a favor del traslado de Glas a prisión domiciliaria, pese a que las condiciones de la cárcel de La Roca no permiten una atención médica adecuada.
Es una pena, pero aparentemente todas las posibilidades de resolver este tema en Ecuador se han encerrado por el control institucional que tiene el Gobierno, agregó Llorenti.
El exvicegobernante, considerado uno de los símbolos de la persecución judicial o “lawfare” en Ecuador, recibió de forma temporal la prelibertad el 28 de noviembre de 2022 luego de la unificación de dos penas de cárcel de seis y ocho años por los casos Odebrecht y Sobornos; sin embargo, la medida fue revocada.
A inicios de este año, la justicia ordenó su captura por presunto peculado en el caso denominado Reconstrucción de Manabí, que investiga una supuesta malversación en obras públicas tras el terremoto de 2016.
Estuvo en la embajada de México en Quito desde diciembre de 2023 hasta el 5 de abril de este año, día en que uniformados allanaron la legación diplomática para capturarlo por orden de Noboa.
