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@SilviaCoLatino
La creación de una Unidad Especializada en Derechos Humanos; el cumplimiento de sentencias emitidas por la Corte-IDH y un banco de perfiles genéticos, forman parte de la “Agenda de Derechos Humanos, Pendiente a 25 años de la Firma de los Acuerdos de Paz”, presentada por miembros de la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro Memoria Histórica en El Salvador. Ovidio Mauricio González, de Tutela Legal “María Julia Hernández”, lamentó que a la fecha, los derechos de sobrevivientes que son víctimas, así como las personas desaparecidas o asesinadas por cuerpos represivos del Estado, aún estén pendientes de recibir justicia. “Instamos a todas las instituciones del Estado (Legislativo, Ejecutivo, Judicial) a ser garantes del Estado de Derecho y tomar con seriedad el tema de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado, y hacer cumplir la reparación a las víctimas, para que ya no impere más, la impunidad”, afirmó.
En cuanto a las instituciones que mayor deuda acumulan, Miguel Montenegro, de la CDHES, consideró que era la Fiscalía General de la República, que por mandato constitucional, tiene el monopolio de la investigación del delito en el país.
“Queremos decirles que el Comité Pro-memoria Histórica no va a quedarse callado, ni a doblegar su esfuerzo para buscar justicia en este país. Esta conferencia precisamente es porque no hemos tenido una respuesta concreta desde hace cinco meses, de presentar nuestra plataforma al Presidente de la República Salvador Sánchez Cerén, en el marco del aniversario de los Acuerdos de Paz”, comentó.
Sobre los puntos de la plataforma se encuentra la Unidad Especializada de Derechos Humanos que centralizará la investigación y judicialización, en los casos de violaciones a los derechos humanos, ocurridas durante el conflicto armado. Oficina que estaría al interior de la Fiscalía General de la República con presupuesto y personal suficiente para generar resultados; y que podrían ser monitoreados los avances.
Así también, la creación de un “Banco de Perfiles Genéticos” que lo consideran primordial para la identificación de personas desaparecidas, según estándares internacionales. Junto a una campaña mediática masiva a nivel nacional e internacional, para la recolección de muestras de ADN, en personas adultas mayores, para cotejar a sus pares biológicos.
Carolina Constanza del Centro para la Defensa de los Derechos Humanos “Madeleine Lagadec” subrayó que les preocupaba el “silencio” desde el Ejecutivo, pero lo apremiante era la inacción de la Fiscalía General de la República, el Sistema Judicial y la Asamblea Legislativa.
“Muchas de las víctimas y sobrevivientes son de la tercera edad, y unos están muy enfermos y otros han muerto. Ahora no sabemos si la intención de ellos es borrar evidencias. Hay tres masacres en ese contexto y el argumento de la Fiscalía es que no tienen presupuesto que es, una respuesta que no consideramos determinante para no cumplir con su mandato y labor, solo queremos que recuerden que los delitos cometidos durante el conflicto armado son continuos mientras no haya investigación y un resarcimiento a las víctimas”, sostuvo. El Comité Pro-memoria Histórica solicitó la conformación de un equipo de especialistas en antropología forense en coordinación con la Universidad de El Salvador (UES) para realizar exhumaciones de osamentas de larga data, y posterior identificación genética. El cual sería capacitado por expertos internacionalistas y solo serían osamentas del pasado conflicto armado.
Ovidio Mauricio agregó, que la Asamblea Legislativa debe establecer un “día feriado” nacional como recordatorio y dignificación de las víctimas, como lo mandata la Comisión de la Verdad.
