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Redacción Nacionales
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Los familiares del personal de salud fallecidos COVID-19 de El Salvador, se presentaron para entregar una treintena de partidas de defunción, exigidas por autoridades del Ministerio de Salud, para constatar la atención psicosocial y el cumplimiento de la Ley Especial Transitoria para la constitución del Fondo de Compensación Económica para los Familiares del personal de Salud.
“Represento a los familiares de los fallecidos por COVID-19, y en este momento venimos a entregar las actas de defunción solicitadas por autoridades del MINSAL En solidaridad con los fallecidos en la atención al COVID-19 en El Salvador, los mártires de la salud necesitan ser escuchados”, dijo Laínez.
La cirujana Laura Laínez perdió a su esposo Edgardo Rivas Molina, neurocirujano del Hospital San Rafael, el 29 de junio 2020 por COVID 19, que según alegó se debió a que no contaba con los insumos de protección personal adecuado cuando fue infectado por el coronavirus, en su trabajo de primera línea en los establecimientos de salud.
Al cuestionar sobre la exigencia del Ministerio de Salud, con las partidas de defunción, Laínez afirmó que “lastimosamente no tienen registros de nuestros muertos”, al comentar que en el marco del anuncio del presidente Nayib Bukele, a la tercera dosis para el personal médico, le llamaron del MINSAL para que avisara a su esposo que debía vacunarse, cuando él falleció el año pasado.
“¡Imagínese, no tienen registros de nuestros muertos!. Esta es nuestra dura realidad y debemos de movilizarnos nosotros para que ellos (Ministerio de Salud) hagan el nuevo registro del personal fallecido que atiende el COVID-19, tenemos 206 muertos. Ya no somos 203 como decían. Y como vemos la situación es grave y ellos no saben del personal de salud que está muriendo en estos días”, sostuvo.
Las peticiones de los familiares se enmarcan en el decreto legislativo 723, que establece una compensación económica de 30 mil dólares, a familiares de profesionales y trabajadores de la red pública de salud, incluyendo al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), que fallecieron a consecuencia del COVID-19, o por complicaciones sospechosas de COVID-19 y neumonías atípicas, en el período del 14 de marzo al 23 de julio 2020, y que aún no ha sido efectiva por el órgano Ejecutivo.
“Queremos que hagan un registro de personas que están falleciendo de COVID-19, para que las demandas sean para todos médicos, sector privado, sector público, el ISSS, también. Queremos que el decreto 723 sea ampliado para todos, no solo para un grupo de personas. Somos 88 los que aplicamos a ese decreto, pero ante esta realidad queremos que nos apoye a ampliarlo”.
“Que se incluya todo el personal de salud, o sea, los 206 no veo porque hacer excepciones si todos debemos de ayudarnos. La situación está grave y es inhumano que no nos atiendan. Es inhumano por la situación precaria de como sobrevivimos porque muchas de las víctimas eran cabezas de hogar. No hemos recibido ni siquiera un pésame de ellos, entonces, lo que están haciendo con nosotros es inhumano”, reafirmó Laínez.
Sobre la demora para reunirse del ministro Francisco Alabí, con representantes de los familiares fallecidos por consecuencia del COVID-19, Laínez, manifestó, que solo le han permitido un “enlace”, para dejar los documentos, que ya suman tres cartas peticionando una audiencia.
“No hemos recibido ningún apoyo pese a la peticiones que hemos pedido al ministro Alabí, para explicarle nuestra situación, -yo creo- , que él entendería nuestra situación cuando platiquemos con él, pero hasta este día no nos han dicho nada. Solo que entreguemos las partidas de defunción y es la única respuesta que nos han dado”.
“Tenemos datos de los compañeros graves actualmente, solo los mismos compañeros nos comentan que si hay médicos, enfermeras y otro personal bien grave, pero cifra exacta no tenemos, porque se han cerrado en ese sentido de dar información”, sostuvo Laínez.
Para Abigail Aválos es sumamente importante como reparación moral la propuesta de una Plaza Memorial para al personal de salud fallecido en la atención del COVID-19, sus pequeños hijos que le quedaron, luego del fallecimiento de su compañero de vida, Jesús Barrera Jiménez, enfermero del hospital Saldaña, quien falleció el año pasado.
“A mí me quedaron hijos pequeños y vamos sobre llevando el día a día, pero si creo importante que el decreto se cumpla, primero, porque no solo fue un comentario (del presidente Nayib Bukele), sino porque se dio una ley, y hacemos el llamado a que nos escuchen y cumplan”, agregó.
El enfermero Jesús Barrera Jiménez, se contagió en el Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar “Dr. José Antonio Saldaña”, y la esposa trata de reducir un poco su dolor personal, repitiéndose a ella misma que “fueron las circunstancias por COVID”, las que terminaron con la vida de su familiar.
“Mi esposo murió en el Seguro Social de Zacatecoluca, ingresó a la seis de la tarde del día 9 de junio y murió a las 11 de la mañana del 10 de junio del año pasado. Él se estuvo mensajeando conmigo – me dijo – que recibió los medicamentos que le dieron en el momento (del ingreso) y que luego, lo llevaron a un cuarto a él solo y no llegó nadie (a atenderlo) lo dejaron ahí .. era lo típico que hacían en ese momento del COVID-19”.
“Él pidió medicamentos para el dolor porque sentía dolor en el pecho, y la mujer (enfermera) solo se dio la vuelta (sin atenderlo) . Y me envió un mensaje diciéndome -“me están dejando morir- , y luego, al siguiente día me avisaron que ya estaba muerto”, recordó Aválos.
Sobre su esposo, Aválos señaló que pertenecía a la familia Barrera Jiménez, que registró el deceso de cinco de sus miembros en un lapso de semanas el año pasado, en Santiago Nonualco, La Paz. Un caso documentado en diversos medios de comunicación.
“Cuando llamé a su teléfono, para pedirle a la enfermera, me devolviera sus pertenencias, al principio se negó, alegando que a nadie se las entregaban, pero cuando ya llegamos toda la familia me las dieron y me advirtieron que lo hacían solo porque fue un colega. Era solo unas llaves, su carnet y teléfono”.
“Al llegar a la casa, me puse a revisar su teléfono y descubrí que los mensajes que me mandó a mí, se los habían borrado en donde me explicaba que no le habían hecho caso, como se sentía todo eso lo borraron. Quiérase o no ellos querían protegerse y sabían que esa información implicaba mucho”, manifestó Ávalos.
