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Tomado de UNIVISIÓN
Mientras el gobierno de Estados Unidos sigue tomando medidas severas para detener la inmigración indocumentada en sus fronteras, México no solo sigue acumulando una enorme carga de migrantes en centros de detención o albergues, sino que también debe otorgarles seguridad, alimento y alojamiento.
Hasta antes del 12 de octubre del año pasado, los migrantes que salen de sus países y se dirigen al norte llegaban a la frontera e intentaban cruzar ilegalmente o entregarse a las autoridades y solicitar asilo, un recurso legal disponible autorizado por el Congreso.
Pero a partir de ese día, la Casa Blanca de Joe Biden cambió las reglas del juego para los migrantes procedentes de Venezuela, que constituían la mayoría de quienes intentaban entrar al país, a quienes exigió a partir de ese momento contar con un patrocinador autorizado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y solo pueden entrar vía aérea con un pasaporte válido.
El 5 de enero de este año el programa fue extendido a migrantes de Cuba, Haití y Nicaragua, los otros tres países que encabezaban la lista de mayores procedencias y con ello el gobierno redujo los hallazgos (detenciones) en la frontera con México en casi un 95% entre los meses de enero y febrero.
Durante el año fiscal 2022, agentes federales estadounidenses llevaron a cabo 2,378,944 arrestos en la frontera con México, frente a 1,734,686 detenciones registradas en el año fiscal 2021, según datos de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP). Y el hecho que haya bajado el número de hallazgos entre enero y febrero debido al nuevo programa temporal de asilo, no significa que el flujo de inmigrantes hacia la frontera norte de México haya disminuido.
“La gente sigue huyendo, viniendo a México y tratando de entrar a Estados Unidos para pedir asilo”, dice a Univision Noticias Irineo Mujica, director de la organización Pueblos Sin Fronteras. “No tienen otra manera de encontrar un mejor futuro, están huyendo para proteger sus vidas, pero en el camino también la pierden. Mire nada más lo que sucedió en el centro de detención de Ciudad Juárez, donde murieron 38 quemados”.
Las medidas adoptadas por el gobierno de Biden entre octubre y enero no solo redujo los cruces en la frontera sur a los niveles más bajos en los últimos dos años, dijo que “han creado un cuello de botella” altamente inflamable a lo largo de la línea divisoria entre ambos países, reporta el diario The New York Times este miércoles.
Las detenciones de extranjeros sin autorización para ingresar a Estados Unidos entre puertos de entrada totalizaron 128,877 en febrero, cifra similar a la contabilizada en enero, cuando se produjeron 128,913 arrestos, se lee en un informe publicado la semana pasada por la CBP.
“Esto marca el segundo mes consecutivo como el mes más bajo de encuentros de la Patrulla Fronteriza desde febrero de 2021”, puntualizó la agencia.
Sin embargo, los aplausos que se generan en Estados Unidos contrastan con lo ocurrido el lunes en Ciudad Juárez durante una protesta en el interior de un centro de detención de inmigrantes y procesamiento de deportados administrado por el Instituto Nacional de Migración (INM) que finalizó hasta ahora con 40 muertos y decenas de heridos.
Los internos, la mayoría de ellos centroamericanos, habían sido detenidos e iban a ser trasladados a la Ciudad de México para luego ser deportados a sus países de origen. Muchos de los migrantes habían sido detenidos en los alrededores de los puertos fronterizos y muchos de ellos separados de sus familias.
La política migratoria temporal de Biden señala que aquellos migrantes que no tienen un patrocinador autorizado deben ingresar a una página digital de la CBP (CBP One) y postularse a cualquier programa legal vigente (como el asilo), reunir los requisitos y obtener una cita para presentarse en la frontera a una hora y fecha señalada para una entrevista.
Pero los migrantes protestan que el CBP otorga limitadas citas, apenas unas decenas, para miles de extranjeros que todos los días aguardan una oportunidad de ser escuchado y se les permita entrar a Estados Unidos a esperar la resolución de sus casos de asilo.
Si bien el DHS ha advertido que una vez concluido el Título 42, previsto para el 11 de mayo, seguirá deportando a personas que no tengan un permiso de entrada o se encuentren bajo el programa temporal de asilo del 5 de enero. Pero la advertencia y el fin de la controvertida herramienta de salud pública se ha convertido en una suerte de esperanza para miles de migrantes que creen, principalmente bajo engaño de coyotes, que después del 11 de mayo las cosas en la frontera volverán a ser como antes del 20 de marzo del 2020, cuando comenzó la pandemia.
“Directa o indirectamente, tanto México como Estados Unidos tienen culpa de la tragedia de Ciudad Juárez”, dice Mujica. “Los agentes del IMM tenían que cuidarlos y no lo hicieron, huyeron cuando comenzó el fuego y los dejaron morir”.
“Y también el IMM es responsable porque cuando estos migrantes estaban en el sur en la frontera con Guatemala, les dieron salvoconductos para que se fueran al norte. Y ya en el norte como hay tantos, los arrestan para regresarlos al sur. Los salvoconductos son para decirles que se vayan, nada más”.
El INM explica que los salvoconductos son documentos que permiten a los extranjeros transitar por el país y que puedan iniciar gestiones para obtener refugio por un año y una autorización de empleo. Pero los activistas alegan que el proceso para adjudicar una petición como refugiado demora meses, espera que condena a los extranjeros a vivir en la indigencia.
“Tampoco nadie se preocupa de ellos cuando los extorsionan, los roban, violan o se enferman”, dice Mujica. “Por eso le digo que ambos gobiernos son os responsables de esta situación y de esta tragedia”.
Sin capacidad de respuesta
The New York Times reporta que la situación en Tijuana y otras ciudades fronterizas mexicanas viven “un cuello de botella” debido al alto número de migrantes y las pocas vías u oportunidades para poder ingresar a Estados Unidos en busca de asilo. Hay miles esperando y siguen llegando más”, dijo al periódico Enrique Lucero, director de la oficina de servicios de migración de Tijuana.
Los 30 albergues de la ciudad tienen capacidad para 5,600 personas. Actualmente, sin embargo, hay unos 15,000 inmigrantes, indicó el funcionario. “La cantidad de personas que pueden acceder a Estados Unidos es un par de cientos por día”, precisó.
El incidente mortal que protagonizaron migrantes el lunes en el centro de detención de Ciudad Juárez no es el inicio de las frustraciones que se viven en la frontera. A mediados de marzo unas 2,000 personas, la mayoría de ellos originarios de Venezuela, avanzaron hasta la mitad del Puente Internacional Santa Fe, ubicado entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas, para presionar y exigir a las autoridades estadounidenses que los dejaran entrar porque vienen en busca de asilo.
